Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 21 de febrero, 2006 - 08:48 pm: | |
NOTICIAS URBANAS
"Hubo una conducta omisiva por parte del Gobierno"
El último testigo de las audiencias llevadas a cabo en el marco del proceso de juicio político a Aníbal Ibarra, Ignacio Rodríguez Varela, relató una serie de irregularidades constatadas durante su gestión en la fiscalía de Saavedra en la habilitación y control de los locales de baile que funcionaban en el predio del Club Defensores de Belgrano. La Sala Juzgadora volverá a reunirse el 28 de febrero para escuchar los alegatos de la acusación y la defensa
Por Alejandra Lazo
Y terminó nomás. Pasó el último testigo de las audiencias llevadas a cabo en el marco del proceso de juicio político al suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Ignacio Rodríguez Varela es secretario de la Fiscalía de Instrucción de Delitos Mayores N°3 y actuó en la Fiscalía de Saavedra en las actuaciones que se realizaron contra los locales de baile Millenium, Follia y Scape por funcionar la habilitación correspondiente en el predio del Club Defensores de Belgrano.
Rodríguez Varela relató una serie de irregularidades constatadas durante su gestión en la habilitación y control de dichos locales. "A raíz del fallo de la jueza que entendía en la causa se ordenó la clausura de los boliches por lo que el Gobierno de la Ciudad procedió a llevarlo a cabo. Luego de un recurso de amparo presentado por Defensores de Belgrano se levantó la clausura y ante la revocatoria del recurso, se tardó un tipo bastante considerable en volver a disponer el cierre de los lugares", explicó.
El testigo dijo también que "la razón del sumario que se abrió en la fiscalía era la violación de la normativa vigente. Había una conducta omisiva del Gobierno de la Ciudad ya que ante la ausencia de habilitación y violación de las normas de seguridad y del Código de Edificación no se había procedido a la clausura de los locales. Nosotros entendimos que había suficientes elementos para proceder en ese sentido".
Rodríguez Varela sostuvo que se sorprendió al leer el año pasado sobre la clausura de Follia y Milenium porque pensó que esos lugares "ya no funcionaban desde mucho tiempo atrás".
Previamente, Luis Cogo, ex empleado de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), declaró sobre la reunión en la que el abogado Fernando Castejón e Ibarra se encontraron con una serie de inspectores para hablar sobre su citación a declarar en el juicio político. Su testimonio no aportó elementos nuevos al proceso aunque una frase quedó resonando en el ambiente: "Aunque hubiera habido siete inspectores en la puerta del lugar, la tragedia hubiera ocurrido igual por las características del boliche", aseguró.
Por otra parte, la fiscalía pidió la comparencia por la fuerza pública de Silvia Talamona (médica del SAME) y Hugo Fernández (Coordinador de la auditoría interna de la Dirección General de Fiscalización y Control) porque recibieron las citaciones producto de la reprogramación de testigos y no se excusaron mediante nota formal. "Ambos son empleados públicos y la acusación considera necesario su declaración", explicaron los fiscales Jorge San Martino y Jorge Enríquez. Finalmente, la Sala Juzgadora no admitió el pedido y a cambio se incorporaron unos informes de Auditoría que pidió la fiscalía.
La Sala Juzgadora volverá a reunirse el 28 de febrero para escuchar los alegatos de la acusación y la defensa. Es una incógnita si el diputado zamorista Gerardo Romagnoli estará presente durante los alegatos ya que si bien anunció que iba a renunciar a la Sala aún no lo hizo formalmente. |