Ricardo Diez
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| | Enviado miércoles, 22 de marzo, 2006 - 10:19 am: | |
URGENTE 24 HORAS
La agenda de Telerman: Reclaman la transferencia de la Policía a la Ciudad
La Ciudad de Buenos Aires debe tener una policía propia, no una Guardia Urbana; y es la única forma de imaginar una reforma a las corruptas estructuras de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, incluyendo Bomberos. La deuda está pendiente, y ahora es el turno de Jorge Telerman, escribió el autor, legislador porteño, en la revista EDICIÓN i. POR JORGE SAN MARTINO
El escenario legislativo porteño siempre se mostró como el eslabón más frágil en el funcionamiento de la política real. Si bien es cierto que una sociedad democrática requiere de la fortaleza política de la institución que representa la voluntad de los ciudadanos, también es cierto que los ediles y diputados, han tenido escasa incidencia en la construcción de los lineamientos trazados por las diferentes gestiones de gobierno que hicieron uso legítimo del poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin organización no hay sociedad. Para ayudar a cumplir esa misión colectiva existen los partidos políticos, piezas claves de la estructura institucional de un sistema de gobierno democrático. Y gracias a estos partidos que hoy representan distintos fragmentos sociales, la ciudadanía pudo emitir su voto para que nosotros nos ubiquemos en el lugar de trabajo y responsabilidad que nos corresponde.
Nuestra Legislatura nos habilita para proyectar propuestas y demandas de los ciudadanos a través de las leyes, pero también nos obliga a ser fiscales de cada una de las acciones que lleva a cabo el Poder Ejecutivo. Y como el foro legislativo nunca alcanzó a reflejar el auténtico rol de organizador de las cuestiones políticas más fundamentales de la ciudad, paulatinamente fue perdiendo crédito ante la sociedad y se fue transformando en un mosaico de intereses personales y sectoriales.
Pero esta situación irregular de otrora no determina que el presente los diputados de la Ciudad nos encontremos excluidos de todo compromiso con la ciudadanía. Por el contrario, somos conscientes que estamos para proteger los derechos de los vecinos desde el rigor de la Constitución. El caso Cromañón fue un ejemplo. Nuestra responsabilidad moral y nuestra práctica fiscalizadora nos sirvieron de herramientas para desarrollar una tarea acorde a las exigencias de los acontecimientos y de la sociedad.
Expuesta esta compleja asignatura pendiente pasamos a otros objetivos fundamentales que la Legislatura debe plantearse hasta las próximas elecciones, no sólo para revalorizar el bienestar general, sino también para reconstruir el lazo social y fortalecer la estructura de sus instituciones.
En primer orden quiero mencionar la Ley de Ministerios. Si bien por imperativo constitucional debe presentarlo el Poder Ejecutivo ante la Legislatura, hasta el momento no lo ha hecho. Sin la existencia de esta ley, el Gobierno puede seguir realizando modificaciones en la estructura administrativa sin control legislativo. Esta carencia legal es una de las razones que permitió los 13 cambios en el área de habilitaciones y control, para desembocar en la tragedia de Cromañón.
Otra necesidad imperiosa es la Ley de Puertos. Nuestra Constitución, en su artículo 8º, dispone que el puerto es parte de la Ciudad. Lograr su sanción nos permitirá a los porteños acrecentar la autonomía y, a la vez, recuperar los usos y servicios del puerto en beneficio del erario público local.
En tercer término destacamos como un deber de la Legislatura resolver la transferencia de Justicia a la Ciudad y junto a ella sancionar la Ley de Justicia Vecinal. Aquí también la Constitución exige una Justicia completa propia y la creación de tribunales vecinales, en pos del acceso inmediato a la administración de justicia en casos de menor cuantía. Seguramente estas instituciones servirán para respaldar la buena convivencia entre los ciudadanos.
Otra prioridad es que Buenos Aires disponga de un cuerpo policial propio. Como todo estado autónomo, debe contar con una fuerza de seguridad que responda directamente a la Ciudad y que sea dirigida por el Jefe de Gobierno.
Con la misma lógica de razonamiento, el control del transporte por las calles de Buenos Aires debe estar en manos de la Ciudad y no del Estado nacional. Realmente es inaudito que aún tengamos que padecer estas contradicciones y dejar que otro gobierno nos obligue a funcionar como ciudadanos de segunda. El control del tránsito y el transporte también tiene que ver con la autonomía. Le corresponde hacerlo al Ejecutivo local, porque de otra manera nunca vamos a resolver a fondo el caos existente en nuestras calles y avenidas.
Y también nos quedan pendientes otros debates fundamentales, como la Ley Electoral, la Reforma Política, la reglamentación de la Ley de Comunas y el Código Procesal Penal de la Ciudad.
¿Lograremos alcanzar estas metas en los próximos dieciocho meses? Nos puede parecer difícil si la dirigencia política persiste en continuar privilegiando los intereses del corporativismo de poder sobre los intereses generales de la ciudadanía. Pero si los legisladores cumplimos fehacientemente con nuestro rol de fiscales y defendemos cada una de estas premisas desde nuestros valores republicamos y nuestro sentido común, es probable que la Ciudad de Buenos Aires comience a gozar de una verdadera y merecida autonomía.
Si esto ocurre, es probable que los próximos comicios signifiquen para cada ciudadano un acto de conciencia cívica y no sólo el fastidioso compromiso de cumplir con las obligaciones electorales al que fue sometido por la severa crisis de representatividad de los partidos políticos. |