Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 16 de diciembre, 2008 - 07:19 am: | |
URGENTE 24
Cromañón: Ibarra y Telerman zafaron, pero procesaron a Cano y Galmarini (¿perejilazos?)
En la causa que investiga los operativos de emergencia que se realizaron luego de la tragedia de República de Cromañón, el juez Alberto Baños dictó el sobreseimiento del ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el ex vicejefe, Jorge Telerman, y la mayoría de funcionarios de su cartera. Pero procesó a Alejandro Cano, miembro del Comité de Crisis, y a Martín Galmarini, médico del SAME.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez Alberto Baños dictó el sobreseimiento del ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el ex vicejefe, Jorge Telerman, y la mayoría de funcionarios de su cartera, en la causa en la que se investigó la actuación de los mismos en los operativos de emergencia por la tragedia de Cromañón, conocida como el expediente "SAME" o causa de la emergencia.
En cambio dictó el procesamiento de Alejandro Cano, miembro del Comité de Crisis, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, más un embargo de $100.000. La misma decisión se adoptó respecto de Martín Galmarini, médico del SAME quien tuvo una activa participación en las operaciones de emergencia la noche del 30 de diciembre atendiendo a las victimas en el lugar del incendio, a quien embargó en $20.000.
Se trata de 36 funcionarios que para el 30 de diciembre de 2004 se desempañaban en alguno de los organismos que tuvieron intervención en el "operativo de emergencia" llevado adelante como consecuencia de los hechos ocurridos en el interior del local "República Cromañón", en Bartolomé Mitre 3060 de esta ciudad.
En la resolución, según publicó Infobae, el juez ratificó que el origen de la tragedia fue al menos una candela que impactó en los materiales del techo del boliche los que provocaron los gases de "alta toxicidad".
El magistrado también confirmó uno de los temas centrales que se está ventilando en el juicio oral y público, que "la huida se vio agravada toda vez que la puerta alternativa de emergencia se encontraba cerrada con candado y de las seis puertas "vaiven", dos de ellas se encontraban con pasador, dificultando todo la salida de los asistentes del local".
"Puede afirmarse que las primeras personas que arribaron no conocían la verdadera situación; entonces -como era esperable- se tardó en reconocer la dimensión de lo que estaba aconteciendo: se trataba de una tragedia en plena ejecución que involucraba a más de tres mil personas, muchas de ellas atrapadas en el interior del local y todas expuestas a la inhalación de sustancias tóxicas", sostuvo el juez Baños.
Las imputaciones en la causa "emergencia" tienen su origen en la denuncia formulada por José Antonio Iglesias, padre de una de las víctimas y principal querellante y que fue acumulada materialmente a la causa de Cromañòn.
En la causa se investigó la actuación -positiva, por acción; o negativa, por omisión- de los distintos funcionarios, que de una u otra forma tuvieron el deber de obrar frente a la emergencia, a partir de las 22:35.
Se investigó la organización y desarrollo de las tareas de auxilio a las víctimas en el lugar -a través de la conformación del Comité de Crisis del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; del Comando General de Operaciones de Emergencia, y del Comando de Operaciones de Emergencia Operativo-; su primera atención (o la ausencia de ésta) en el lugar; su derivación a los distintos nosocomios, el tratamiento que les fuera dispensado en los mismos, como también la asistencia a los familiares de las víctimas, tanto para la información que requerían sobre sus parientes, cuanto para su contención y orientación.
Esas acciones habrían sido realizadas en presunta infracción a los deberes legales que la normativa legal prevista para sucesos de esta índole le asigna a los imputados, a saber: Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, Plan Operativo Sanitario para Desastres del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el Manual de Emergencia Prehospitalaria del Sistema de Atención Médica de Emergencia.
Los imputados que resultaron beneficiados son Aníbal Ibarra, quien se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Telerman, vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos, Juan Carlos López, secretario de Seguridad; Maximiliano Stern, secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Roberto José Feletti, quien se desempeñaba como secretario de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
También están en la lista Víctor Capilouto, quien era el director de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires; Gabriela Patricia Alegre, subsecretaria de Derechos Humanos; Julio Crespo Campos, coordinador del Consejo de Emergencia; los entonces secretarios de producción, turismo y desarrollo sustentable (Eduardo Enrique Epesztein); de cultura (Gustavo Fernando López); de educación (Roxana Delia Perazza); de Hacienda (Marta Carmen Francisca Albamonte; de descentralización y participación ciudadana (Héctor Adrián Capaccioli); subsecretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires (Roberto José Feletti); las autoridades del Centro de Gestión y Participación y el Equipo de Asistencia Psicológica del SAME.
También fueron beneficiados Germán Fernández, en su calidad de director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (en adelante SAME); Julio Salinas, quien se desempeñaba como director médico del SAME; Carlos Zoloaga, quien se desempeñaba como director operativo del SAME.
Tambien se imputó a Agustín Di Benouza en su calidad de Superintendente de Bomberos de la Policía Federal Argentina y el Superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. |