Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 19 de abril, 2005 - 08:32 am: | |
CLARIN martes 19 de abril de 2005
Cromañón: la Policía sabía del peligro
Los datos figuran en las actas secuestradas por la Justicia en la comisaría 7.
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La Policía Federal sabía que la noche del 30 de diciembre en Cromañón había entre tres y cinco mil personas, pese a que la capacidad del local estaba fijada en 1.031. Así lo determinó la Justicia al analizar la documentación secuestrada en el allanamiento a la seccional 7a, informaron ayer fuentes judiciales. El juez Julio Lucini indagará en los próximos días, por presunto incumplimiento de sus deberes, a dos agentes federales, de apellidos Sosa y Villegas, que estaban de consigna en el boliche la noche del incendio.
La Justicia intenta dilucidar por qué la Policía no dio intervención a la Justicia Contravencional cuando sabía que en Cromañón había ingresado más gente de la permitida. Hasta ahora, según fuentes judiciales, los policías indagados en la causa aseguraron que el boliche "no era un foco de conflicto" que pudiera hacer presumir una tragedia.
La Justicia halló los datos que revelan el conocimiento policial sobre la cantidad de gente que poblaba Cromañón en las actas que detallan el operativo de seguridad montado aquella noche por la 7ª para controlar la zona. Las actas fueron secuestradas en la seccional el pasado miércoles 6, en un allanamiento que, en principio, estaba destinado a averiguar si al menos dos oficiales de la seccional habían recibido coimas de parte del empresario Omar Chabán, a cargo de la explotación del boliche en el que murieron 193 jóvenes. El juzgado había pedido información a la comisaría pero, según dijeron entonces fuentes judiciales, no fueron remitidos al menos dos libros considerados de importancia y el juez Lucini dispuso el allanamiento de la seccional.
La hipótesis de la falta de control policial la noche del desastre es esgrimida por funcionarios del Gobierno de la Ciudad que intentan deslindar toda responsabilidad en la inspección, control y habilitación del local, que debió haber estado clausurado porque tenía el certificado anual de bomberos vencido y no fue inspeccionado por el Gobierno en 2004.
En la causa judicial, varios testigos declararon que desde el Gobierno porteño se digitaba cuáles boliches se inspeccionaban y cuáles no, mientras que los funcionarios y ex funcionarios a cargo de los controles comunales aseguran que no existía tal digitación y sí la elaboración de un programa de inspecciones en los locales sobre los que pesaba alguna denuncia.
Ayer declaró el ex coordinador operativo de inspecciones del Gobierno Rodrigo Cozzani, a quien se le adjudica responsabilidad ejecutiva en los cónclaves entre funcionarios en los que supuestamente se elegían los boliches a ser inspeccionados.
Para hoy está previsto un careo entre la ex titular del organismo de control comunal Fabiana Fiszbin y el defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena. El funcionario afirmó que Fiszbin le dijo seis meses antes de la tragedia que "hacía falta una decisión política" para clausurar los boliches bailables que no estaban en condiciones de funcionar. La ex funcionaria dice, en cambio, que el defensor adjunto miente y que lo impulsa su rol de opositor político. Alimena también reveló que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, admitió estar enterado del riesgo en los boliches, y que le dijo: "Ya lo hablé con Fiszbin." |