Ricardo Diez
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| | Enviado lunes, 27 de junio, 2005 - 08:34 am: | |
CLARIN, domingo 26 de junio de 2005
INVESTIGAN LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
La causa avanza, pero está lejos del juicio oral
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Alberto Amato.
aamato@clarin.com
El escándalo que desató el beneficio de la excarcelación otorgado a Omar Chabán el pasado 13 de mayo, dejó en segundo plano a la causa judicial por la tragedia de Cromañón. La investigación del juez Julio Lucini sigue y amenaza convertirse en lo que el juez nunca quiso: una megacausa.
En apenas seis meses, un tiempo casi récord para los a menudo lánguidos tiempos de la Justicia argentina, Lucini, con el aporte inicial de la jueza original de la causa, María Angélica Crotto, desentrañó el paso a paso de la trágica noche de Cromañón y procesó a veintidós personas. El juez dibujó tres planos de responsabilidades: la de quienes estaban en el boliche esa noche, la de los funcionarios que debieron impedir que sucediera lo que sucedió y la corrupción policial de la que el juez responsabiliza a dos oficiales de la comisaría 7ª.
Pero Lucini todavía debe resolver si cita a declarar como imputado al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, un pedido de las querellas, y si, como pidió el fiscal, llama a indagatoria, acusado de 194 homicidios, a Juan Carlos López, ex secretario de seguridad del gobierno de la Ciudad. Esas decisiones están pendientes, retrasadas tal vez, porque seguramente al juez no se le escapa la trascendencia de resoluciones de ese tipo cuando ya está lanzada la campaña electoral para octubre.
El expediente Cromañón está todavía en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. Allí tienen que decidir un pedido del hombre de confianza de Chabán, Raúl Villarreal, que intenta que su acusación por homicidio simple baje un escalón, al de homicidio culposo. Es un globo de ensayo: si la Cámara dice sí, el deseo de Chabán de ser acusado por un delito menor en el juicio oral estará más cerca de ser realidad.
Lucini también debe investigar si, como denunció el abogado José Iglesias, existió una asociación ilícita entre los responsables de Cromañón y los funcionarios del Gobierno porteño, un cargo que en Tribunales se ve como de difícil probanza.
La causa creció porque el juez unificó también otra denuncia de las querellas: la de abandono de personas seguido de muerte, que afecta a autoridades y médicos del SAME, a bomberos, policías y a más funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Lucini interrogó en las últimas semanas a más de sesenta testigos y, según fuentes judiciales, tiene indicios de que, en algunos casos, existió mala praxis en el rescate y posterior atención de las víctimas.
En el despacho del juez se acumulan los informes sobre el análisis de las vísceras de los muertos el 30 de diciembre y de ese análisis, que revela que la mayoría murió por inhalación de ácido cianhídrico o de monóxido de carbono, algunas muertes podrían dejar de ser imputadas a Chabán y pasar a ser atribuidas a la impericia, a la imprudencia o negligencia de los profesionales.
"Es posible que algunos hayan muerto por una atención médica inadecuada —dijo Fernando Soto, otro de los querellantes—. Pero el número de muertos atribuibles a Chabán y a los funcionarios es enorme. Y a esas muertes hay que sumar las graves lesiones de muchos otros."
Lo que aún es una incógnita es cuándo se elevará la causa para el juicio oral. |