Ricardo Diez
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| | Enviado domingo, 31 de julio, 2005 - 06:45 am: | |
NOTICIAS URBANAS
El largo dictamen de Cromañón
Luego de cinco horas y media, la Comisión Investigadora de la tragedia de República Cromañón terminó de presentar su dictamen, en donde pidió el juicio político del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Los capítulos tercero y cuarto fueron los más contundentes, además de las conclusiones. Los familiares de las víctimas escucharon respetuosamente toda la lectura
La imagen expectante y sedienta de justicia y verdad de los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 30 de diciembre en República Cromañón, era cuando menos impactante y conmovedora.
Su paciencia en la lectura del dictamen de la Comisión -que duró nada menos que cinco horas y media- fue infinita y su respeto por los legisladores y también por aquellas personas que consideran culpables de la tragedia era admirable, ya que en ningún momento insultaron a nadie, más allá de gritar "los chicos de Cromañón, presentes" y de aplaudir a rabiar la recomendación de iniciar el juicio político al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Los más de 200 familiares que acudieron al lugar pudieron entrar al Salón San Martín de la Legislatura porteña y, poco a poco, se fueron acomodando en las sillas que estaban ubicadas del lado izquierdo de la sala, frente al estrado en el que se colocaron los nueve integrantes de la Comisión. En el estrado, el dictamen de aproximadamente 945 carillas, a un costado, el expediente de 21.415 fojas.
Delante de ellos, se situaron los legisladores Ariel Schiflin, Rubén Devoto, Daniel Betti, Rodrigo Herrera Bravo, Marcos Wolman, Eduardo Lorenzo Borocotó, Susana Etchegoyen, Juan Manuel Velasco, Marcos Peña, Paula Bertol, Jorge San Martino, Beatriz Baltroc, Marcelo Godoy, y el candidato a diputado nacional del Partido Obrero, Marcelo Ramal. En el fondo del Salón se colocaron Sandra Bergenfeld, Héctor Bidonde, María Soledad Acuña, Jorge Enríquez y la ex diputada Vilma Ripoll.
Pocos minutos antes que la Comisión diera inicio a la lectura, a las 17.30, los familiares entonaron el Himno Nacional Argentino, gritaron el ya clásico clamor "Los chicos: presentes" (que se repitió dos veces) y, realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, visiblemente emocionados.
La presidenta de la Comisión, Fernanda Ferrero (Juntos por Buenos Aires), fue la primera en hacer uso de la palabra. Entre otras cosas, Ferrero aseguró: "La facultad de investigación es uno de los privilegios colectivos de la Legislatura por imperio constitucional, y nunca podría admitirse que por inasistencia o renuncia de algún diputado, quedara invalidado el precepto constitucional, en tanto la Comisión mantenga el quórum propio".
"Admitir esta hipótesis -añadió- equivaldría consagrar la no operatividad de una cláusula constitucional, pues debiendo estar representados todos los sectores políticos, si un representante del oficialismo decidiera sistemáticamente no concurrir, la facultad explícita y mandataria de investigar sería letra muerta. Por otro lado los diputados, reunidos con quórum reglamentario, que continuaran en la Comisión, si no actuaran cumplimentando el mandato recibido del plenario de la Legislatura omitirían gravemente las obligaciones y deberes que les impone la constitución. Por eso se considera debidamente cumplimentado el requisito constitucional de proporcionalidad, en el momento que se designa la Comisión".
En tanto, el diputado Fernando Cantero (ARI) aseguró: "Entre agosto de 2000 y diciembre de 2004, no hubo una política adecuada de control de actividades comerciales, lo que se manifestó en múltiples cambios de áreas y organismos. En menos de cinco años hubo 13 modificaciones normativas. El área de inspecciones, con sus distintas denominaciones y cambios de funcionarios, era considerado como un espacio de poder donde se dirimían internas de grupos político partidarios por sobre todo otro interés".
Los capítulos más contundentes -una clara señal era el rostro de los familiares- fueron el tercero y el cuarto. El capitulo tercero -que fue leído por el diputado macrista Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio)- explicita el ejercicio del poder de policía en la Ciudad y señala: "A pesar del empuje que dijo Horacio Santinelli (quien oportunamente declarara ante la Comisión Investigadora) que Silvana Giudice (por ese entonces responsable del área de Control Comunal) le quería dar al área, en mayo de 2003 no tenían lugar para trabajar. 'Tuvimos bastantes problemas para acceder a un lugar físico ya que no lo daban. Nos empezamos a reunir en Banchero- la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) comenzó sus funciones en una pizzería-porque no teníamos lugar físico' ".
En tanto, el capítulo cuarto -leído por el diputado kirchnerista Milcíades Peña (Confluencia)- se centra, básicamente, en las alertas y estructuras de control. Entre otras cosas, Peña sostuvo: "La síndica Marcela Sánchez de Bustamante desconoce los informes de la Defensoría y todas las alertas de riesgo del Organismo sobre el que debía auditar; no evaluó los riesgos de la Secretaría de Seguridad; existe incumplimiento del artículo 123 inciso 8 de la ley 70; e incumple con la obligación de contar con una Unidad de Auditoría Interna".
Los momentos más difíciles se vieron cuando Ferrero explicó como se había producido la tragedia, lo que motivó el llanto de muchos de los familiares, y cuando la diputada María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural) leyó el capítulo octavo que dio detalles del manejo que hizo el Gobierno de la Ciudad de la emergencia.
Estenssoro no pudo terminar de leer su parte a raíz de la congoja generalizada de los familiares. De la misma manera, el diputado Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires) no desarrolló ni una mínima parte del capítulo que le había sido encomendado ya que hablaba del tratamiento que se le dio a las víctimas en la morgue judicial y temían que eso provocara más descompensaciones de los familiares. Por suerte, ninguno de los casos atendidos por el médico de la Legislatura, José Assadourian, fueron graves.
Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) leyó el capítulo cinco que daba cuenta de la normativa vigente al 30 de diciembre de 2004 aplicable a los locales bailables; Gabriela Michetti (Compromiso para el Cambio), la primera parte del capítulo ocho; y Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), el capítulo 7 que habla del local República Cromañón que sostienen "nunca debía haber estado habilitado".
Fue Ferrero la encargada de leer las conclusiones en las que se recomienda "promover el enjuiciamiento político del titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de su función ejecutiva configurada por falta de servicios a su cargo y que concurrió al desencadenamiento, a la magnitud y a las consecuencias del desastre acaecido en el local República de Cromañón el 30 de diciembre de 2004; y a la titular de la Sindicatura General de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, por mal desempeño de sus funciones, y falta de idoneidad funcional para el cargo, en razón de haber incumplido los artículos 132 de la Constitución y 122 y 123 de la Ley 70".
La reflexión final estuvo a cargo de Milcíades Peña, quien expresó: "Cromañón deberá promover, después de lo irreparable, un profundo debate acerca de los roles del Estado. En ese debate debemos estar todos, porque así nos lo exige este momento histórico. Esta discusión deberá trascender nuestras propias limitaciones, nuestros viejos paradigmas culturales. El mismo se deberá instalar en cada estamento de la Administración Estatal, llegando a cada una de nuestras bancas, a los claustros universitarios, y a cada barrio de nuestra Ciudad".
Y agregó: "Porque sólo la memoria, la verdad y la justicia nos hará dignos ante el embate de nuestras propias conciencias. La mirada de nuestros hijos y el juicio de las generaciones por venir, serán sentenciadores implacables de nuestras acciones".
Fueron muchos los rumores que circularon en torno al dictamen y al trabajo previo, pero sin duda el detalle más simpático tiene como protagonista al jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández. Su nombre es mencionado por un testigo en una sola página del dictamen, la 666.
Por otra parte, mucho se ha hablado de la composición parcial de la Comisión. Sin embargo, a los fines prácticos, si la Comisión hubiera seguido funcionando con los 16 miembros originales -y siguiendo el razonamiento ibarrista de diferenciar siempre entre oficialismo y oposición-, hoy probablemente estaríamos frente a un dictamen de mayoría firmado por diez legisladores -los nueve miembros actuales, más el diputado Ricardo Busacca que se autodenomina opositor-, y un dictamen de minoría de seis diputados que responden, supuestamente, al oficialismo.
Cabe aclarar que la Comisión Investigadora no tiene la competencia suficiente para investigar a funcionarios o empleados dependientes del Gobierno Nacional, por lo cual debe ceñirse a las responsabilidades de los miembros del Gobierno local, y establecer recomendaciones únicamente en el ámbito porteño.
El lunes próximo comienza un camino díficil y largo. Por lo que aunque los familiares sintieron que con la presentación del dictamen ganaron algo, debe quedar claro que fue sólo una batalla, no la guerra.
CONCLUSIONES FINALES AQUÍ
http://web.wamani.apc.org/aa180/img_upload/fa4dd17 c2e6047def856c635e4d2468d/Capitulo10.pdf |