Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 02 de agosto, 2005 - 09:25 am: | |
LA NACION
Legitiman la actuación de la comisión investigadora.
Coincidencia entre expertos en derecho
En un intento por echar algo de luz sobre el cruce de acusaciones entre el gobierno porteño y la comisión legislativa investigadora de Cromagnon, respecto de la legitimidad de lo actuado por los nueve diputados, LA NACION recurrió a reconocidos abogados constitucionalistas que coincidieron en que la comisión actuó ajustada a derecho y a sus competencias.
El único punto en el que, sostuvieron, pudo haberse extralimitado en sus funciones reside en haber promovido el juicio político de la síndica general de la Ciudad, aunque hay quienes consideran que ese tema queda sujeto a interpretación.
Gregorio Badeni, Daniel Sabsay, José Onaindia y Andrés Gil Domínguez concordaron en que el jefe de gobierno porteño no tiene razón cuando acusa a la comisión de "opositora y parcial" y, por lo tanto, "inconstitucional".
"Si los diputados oficialistas renunciaron y siguió funcionando con quórum [una mayoría de 9 sobre los originales 16 miembros], no perdió su legitimidad. Igualmente, el cuerpo lo decide en pleno al convalidar el dictamen", opinó Badeni.
"No puede haber reproche constitucional si renunciaron libremente y si mantuvieron el quórum; todo lo demás es juego político. El jefe de gobierno podría haber reemplazado a sus diputados. Los que quedaron representan a distintos sectores y tomaron decisiones por unanimidad: un dictamen único y recomendaciones acordadas por todos", afirmó Sabsay.
Según Gil Domínguez, "hubo renuncias y la comisión quedó integrada por diversas fuerzas que reflejan el estado de la estructura parlamentaria. Y, actualmente, Ibarra tiene un serio problema de representatividad dentro de la Legislatura. La comisión cumplió las formalidades".
"Con mayoría"
Onaindia confirmó que "fue constituida dentro de los términos de la Constitución. Funcionó con la mayoría prevista. Parecería que fue el oficialismo, con las renuncias, el que trató de deslegitimar a la comisión".
En el gobierno porteño también protestaron porque los diputados no investigaron a la policía, a los bomberos, ni a Omar Chabán, gerenciador de la disco de Once. "La investigación evalúa la apertura de un juicio político, proceso que sólo puede entablar contra funcionarios del mismo nivel de gobierno. Constitucionalmente, se ciñó a sus competencias", dijo Sabsay.
Un razonamiento similar expuso Gil Domínguez: "Si lo hubiera hecho, la comisión se hubiera excedido de sus competencias. Sólo puede investigar responsabilidades políticas entre quienes pueda enjuiciar".
Y también Badeni, que añadió: "A los particulares los puede citar, pero no determinar responsabilidades. En todo caso, deberá denunciar situaciones ante la Justicia". Onaindia coincidió y ejemplificó: "La Legislatura no puede destituir a los bomberos".
Sobre el juicio político contra la síndica, Badeni, Onaindia y Gil Domínguez dijeron que el titular de la Sindicatura no está incluido en la nómina de funcionarios pasibles de ser enjuiciados (artículo 92), que tiene carácter restrictivo y taxativo. Sabsay, en cambio, consideró la cuestión "sujeta a interpretación, porque la síndica tiene jerarquía equivalente a la de ministro y éstos aparecen en esa nómina". |