Ricardo Diez
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| | Enviado jueves, 18 de agosto, 2005 - 06:52 am: | |
LA NACION.com.ar
Diputados citan a Ibarra por Cromagnon
La comisión que instruye el juicio político fijó 12 causales de mal desempeño contra el funcionario
La comisión investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura porteña citó a Aníbal Ibarra para que el viernes de la semana próxima pueda ejercer su derecho a la defensa, luego de determinar ayer por el voto de la mayoría de sus miembros -dos kirchneristas se abstuvieron- que instruirá el juicio político sobre 12 causales de mal desempeño.
Si bien ocho de los diez diputados presentes aprobaron convocar al jefe de gobierno para el 26 de este mes -cinco días hábiles a partir de la notificación al imputado de los hechos investigados, tal como establece el reglamento interno de la comisión-, la audiencia podría concretarse una semana más tarde, el 2 de septiembre.
Sucede que, junto con un oficio con los posibles futuros cargos por los que podría llegar a ser enjuiciado, la comisión remitirá hoy a Ibarra el expediente 2021/2005, que reúne las 22.000 fojas confeccionadas por la comisión creada ad hoc para investigar la tragedia de Cromagnon.
Y como los legisladores no descartan que el jefe de gobierno pida una prórroga para tomar conocimiento de todas las actuaciones, habilitaron a la presidencia de la comisión -a cargo de Marcelo Godoy (Compromiso para el Cambio)- a extender cinco días hábiles el plazo para escuchar a Ibarra.
Los diputados también citaron para el 29 de agosto a la síndica general porteña, Marcela Sánchez de Bustamante, a quien imputan ocho causales de mal desempeño.
Con el voto positivo de Godoy, Fernando Melillo (ARI), Ariel Schifrin (Confluencia), Jorge Enríquez y Alvaro González (Juntos por Buenos Aires), Jorge San Martino (Recrear), Daniel Betti y Rubén Devoto (Interbloque de izquierda), quedaron formuladas las siguientes presunciones contra Ibarra:
Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales entre agosto de 2000 y diciembre de 2004.
Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades sobre irregularidades advertidas en la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, así como de radicar las pertinentes denuncias penales.
Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de control comunal.
Incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 105, inciso 6, de la Constitución porteña, que impone al jefe de gobierno el deber de "disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público".
Ineficiente ejercicio del control interno y obstrucción de la labor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba).
Designación de funcionarios sin idoneidad en la Sindicatura General de la Ciudad.
Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo, de las resoluciones de la Legislatura porteña y de las recomendaciones de la Agcba.
Incumplimiento e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control.
Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales.
Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante emergencias en la ciudad.
Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil.
Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y judiciales, especialmente en materia de habilitaciones.
La enumeración, en cambio, no fue apoyada por la ibarrista Sandra Dosch, que presenció gran parte de la sesión de la comisión -e incluso aprobó el traslado de las actuaciones para no retrasar el proceso-, pero optó por levantarse discretamente minutos antes de la votación.
Y prefirieron abstenerse los kirchneristas Francisco Talento y Diego Kravetz "sobre la base de la imposibilidad material" del bloque que conforman "de hacer un análisis de toda la documentación de respaldo", según explicó el primero.
"Nos impiden ejercer nuestra función, que es analizar la prueba, proponer más prueba y sistematizarla antes de dar traslado. Hay intencionalidad para que esto termine con el archivo del proceso", denunció, en relación con un supuesto pacto entre Ibarra y Macri para que el juicio político no prospere, porque en breve no habría 30 diputados de la Sala Acusadora en favor de habilitar el trámite, como establecen las normas.
Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION |