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Ricardo Diez
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Enviado jueves, 25 de agosto, 2005 - 07:20 am:   

CLARIN

Cromañón: cruce por los cargos a una funcionaria

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Horacio Aizpeolea.
haizpeolea@clarin.com

A partir de un escrito presentado por Aníbal Ibarra, el Tribunal Superior de Justicia le ordenó ayer a la Legislatura porteña suspender el proceso de juicio político que involucra a la Síndica General de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante.

Ibarra, en su demanda, argumentó que, según la Constitución porteña, el nombramiento y la remoción del funcionario a cargo de la Sindicatura, es atribución del Ejecutivo.

El planteo de Ibarra hizo eje en la hipótesis de que el enjuiciamiento a la Síndica ha provocado "un conflicto de poderes" entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta hipótesis ya había sido esbozada por la diputada ibarrista Laura Moresi, cuando la comisión legislativa formada para investigar el incendio del boliche República de Cromañón, había recomendado en sus conclusiones promover los juicios de Ibarra y de la síndica.

"Aquella comisión había recomendado el juicio político a la síndica, pero ahora, la comisión de la Sala Acusadora de la Legislatura, formalizó esa recomendación. Por eso, Ibarra presentó su demanda", explicó a Clarín un funcionario ibarrista.

El Tribunal Superior de Justicia le dio tres días a la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora para que fundamente su decisión de enjuiciar a la síndica. Concretada la respuesta, el Tribunal, posiblemente este domingo, deberá resolver quién tiene la razón, si Ibarra o la Legislatura.

Ibarra fundamenta la inconstitucionalidad del juicio a la síndica, en base a los artículos 92 y 133. En este último, figura que la designación y remoción es facultad del Ejecutivo. En el artículo 92, se indican los funcionarios que pueden ser objeto de juicio político. Si bien no figura la Sindicatura, también se cita, de manera amplia, "a los demás funcionarios que esta Constitución establece".

Hoy Ibarra le pedirá a la Comisión de la Sala Acusadora aplazar la cita que tenía para mañana, en la que debía realizar su descargo por los 12 hechos que se le imputan. Se descontaba que su pedido sería evaluado positivamente.

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