Ricardo Diez
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| | Enviado viernes, 09 de setiembre, 2005 - 06:27 am: | |
CLARIN
LA TRAGEDIA DE CROMAÑON: PROCESO DE JUICIO POLITICO CONTRA EL JEFE DE GOBIERNO
Ibarra denuncia que le armaron pruebas y falsearon testimonios
Presentará esos y otros graves cargos contra la comisión legislativa que investigó la tragedia de Cromañon. Lo hará en la defensa por escrito que presentará hoy ante la Legislatura porteña.
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Aníbal Ibarra presentará hoy su descargo ante la comisión acusadora de la Legislatura porteña, en otro paso del proceso hacia su posible juicio político por la tragedia de Cromañón. En ese texto, de 200 páginas, el jefe de Gobierno hará duros cargos contra sus acusadores. Dirá que en la investigación legislativa que sirve de base al proceso hubo alteración de documentos, armado de pruebas y falsos testimonios.
Ibarra sostendrá estas graves acusaciones en pruebas surgidas de la propia investigación, según anticipó ayer el propio jefe de Gobierno. El escrito será enviado a la Legislatura, al vencer hoy la prórroga que le otorgaron a Ibarra para presentarlo.
El jefe de Gobierno está jaqueado en dos frentes. Por un lado, el juicio político que lleva adelante la Legislatura, en la que tiene una relación de fuerzas claramente desfavorable. Y además, la causa judicial en la que el fiscal ya pidió su indagatoria. Si el juez acepta y termina procesándolo, se debilitaría más su posición.
La presentación de hoy, cuyos lineamientos generales Ibarra anticipó anoche en una conferencia de prensa, es el paso más firme en su estrategia de contraataque.
La primera parte del texto está orientada contra la comisión acusadora, que trabaja en base al informe de la "comisión Cromañón" que integraron nueve legisladores opositores a Ibarra.
Ibarra dirá que estos legislado res, que le imputan doce cargos, formularon de manera imprecisa esa acusación. Sostendrá que dos de estos cargos están repetidos (referidos a la habilitación y control de locales) y que once de los doce puntos están redactados "de una forma general, vaga e imprecisa, que dificulta o impide el ejercicio del derecho de defensa", siendo tres de ellos "imposibles de contestar por su imprecisión y se pedirá su nulidad".
El jefe de Gobierno dirá que, de todos modos, "para evitar demoras y dilaciones", contestará los otro ocho cargos objetados. Y admite que hay una acusación correctamente precisada: la que alude al hecho de no haber hecho en tiempo los sumarios respecto de las irregularidades que él mismo había denunciado en noviembre de 2003 en la Dirección de Verificación y Control de su gobierno.
Más allá de estos cuestionamientos, si se quiere formales, el grueso de la artillería ibarrista apuntará contra la tarea de la "comisión Cromañón" que presidió la diputada Fernanda Ferrero, ex lopezmurphista, ahora en un bloque con ex macristas.
Ibarra hablará de "parcialidad y falta de compromiso con la verdad" de parte de los investigadores. Y dirá que los legisladores "armaron prueba, prepararon testigos, convocaron a quienes ya sabían cómo iban a declarar y alteraron documentos para encubrir a un legislador".
El jefe de Gobierno denunciará que el doctor Juan Antonio Mazzei, citado a declarar como presunto experto en catástrofes, "declaró como si hubiese sido testigo presencial" de la atención de víctimas de Cromañón en el Hospital de Clínicas, cuando en realidad "estaba de vacaciones" en el Uruguay, "adonde había viajado por medio de la empresa Buquebús el 27 de diciembre pasado y regresado el 9 de enero de 2005 por Aeroparque". La tragedia ocurrió en la noche del 30 de diciembre.
Mazzei había señalado la culpabilidad de Ibarra y sus funcionarios por la tragedia. El jefe de Gobierno lo denunciará por falso testimonio. Y lo mismo hará con la diputada María Eugenia Estenssoro, a quien señala como responsable de haber acordado con Mazzei su declaración. Además, Ibarra pedirá que se averigüe la eventual responsabilidad de otros legisladores presentes ese día. Entre ellos, los macristas Gabriela Michetti y Martín Borrelli.
En otro tramo, Ibarra asegurará que hubo "alteración documental" para "ocultar la verdad" y proteger al legislador Jorge Enríquez, un ex radical y ex macrista, ahora con partido propio. Y que está siendo sometido a un trato parcial como resultado de instrucciones políticas a los legisladores.
En tal sentido, señalará que al investigar la habilitación original de Cromañón, se convocó como máximo responsable a Norberto Varela, el director de Policía Comunal que estaba en funciones en 1997, cuando esa habilitación se produjo. No fueron citados por la comisión ni el entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, ni altos funcionarios de esa época, como Enrique Olivera, Juan Octavio Gauna, Enrique Mathov y el mencionado Enríquez, por entonces subsecretario de Gobierno.
Ibarra adjuntará la declaración de Varela ante la "comisión Cromañón" y el tramo de esa declaración que consta en el dictamen final. Lo hará para mostrar que Varela había nombrado a Enríquez en el tramo elegido para el dictamen, pero que allí el nombre de Enríquez no aparece y sólo se menciona al "subsecretario", sin identificarlo. Enríquez es uno de los integrantes de la comisión acusadora.
En su escrito, Ibarra también sostendrá que "ninguno de los legisladores que firmó el dictamen de la llamada comisión investigadora leyó lo que firmó".
Lo hará en base a una comprobación sencilla: "En el capítulo 2 del dictamen, en tan sólo 131 páginas se realizaron 23 repeticiones, algunas de ellas de varias páginas y varias por triplicado".
Esas repeticiones textuales de párrafos de distintos testimonios, que colaboradores de Ibarra exhibieron ayer a Clarín, podrán verse en el sitio del Gobierno de la Ciudad en Internet, junto con la presentación completa de Ibarra.
Entre otras acusaciones, también Ibarra señalará que hubo "omisiones y direccionamiento en la investigación", ya que no se analizó el desempeño de policías y bomberos, que dependen del MInisterio del Interior. En el Gobierno porteño señalan que la comisión sólo citó a dos bomberos y a ningún policía.
También reclamará porque no se consideró la incidencia del uso de pirotecnia ni la relevancia de que estuviera cerrada la puerta de emergencia como causa del desastre que costó 194 vidas.
También reivindicará la acción de los socorristas del SAME y de quienes trabajaron esa noche en los hospitales públicos. Y pedirá que se los cite a declarar.
Además, solicitará que la Legislatura llame como testigos a padres y familiares de víctimas de Cromañón. Si los legisladores acceden, este podría ser otro impacto, emocional y político, de su estrategia de defensa. |