Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 25 de enero, 2005 - 09:08 am: | |
CLARIN, martes 25 de enero de 2005
Cromañón: la Justicia inhibió los bienes de Aníbal Ibarra
También, los de dos ex funcionarios. Lo pidió el abogado de una de las víctimas por el supuesto delito de incumplimiento de deberes de funcionario. Se busca así garantizar el cobro de una eventual reparación.
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Gabriel Giubelino.
ggiubelino@clarin.com
Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no puede vender su casa, ni sus dos autos. Ni siquiera tocar el dinero que tenga en sus cuentas bancarias. Aunque hasta el cierre de esta edición no había sido notificado oficialmente, la jueza María Angélica Crotto inhibió su patrimonio con el fin de garantizar las posibles acciones de resarcimiento que puedan iniciar los familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón.
Al igual que lo hizo con Omar Chabán, el único detenido en la causa, Crotto tomó la misma medida cautelar con respecto a los bienes del secretario de Justicia y Seguridad porteña, Juan Carlos Lopez, y de la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, ambos en funciones cuando sucedió el incendio del boliche de Once, con 191 muertos y alrededor de 700 heridos.
La inhibición de los bienes de estos funcionarios fue solicitada hace dos semanas por el doctor Fabián Bergenfeld, abogado de la familia de Luis Santana, un joven de 28 años, periodista de Crónica TV, "que murió en condiciones heroicas, rescatando víctimas", destacó Bergenfeld. El pedido tuvo la anuencia del fiscal y fue firmada por la jueza el jueves 20. A las 14 de ayer, la cédula llegó al estudio de Bergenfeld. La causa sigue bajo secreto de sumario. Si bien los tiempos judiciales establece que debería levantarse el 4 de febrero, ayer se estimaba que se adelantaría y que el procesamiento de Chabán es inminente.
A las 17.40, a más de tres horas de llegada la cédula al estudio del abogado, Ibarra anunció ante los periodistas que había decidido convocar a sesiones extraordinarias de la Legislatura. Dijo que el viernes a las 17 irá con todo su gabinete para dar su visión de los hechos sucedidos en el boliche de Omar Chabán. Habló menos de dos minutos, se levantó y se fue, sin dar lugar a preguntas. El jefe de Gabinete, Raúl Fernández, dio algunos detalles de la próxima visita.
El abogado Bergenfeld es militante junto a Nito Artaza de la Asociación Civil de Defensa Ciudadana; su hermana Sandra es legisladora del macrismo. Estos datos, dicen, no tienen relación con su actuación profesional en esta causa. "No tengo ninguna duda de que Ibarra, López y Fis bin incumplieron con los deberes de funcionario público", dijo a Clarín. Pero también considera que debería investigarse otro encuadre legal: "el posible concurso ideal con el delito de encubrimiento; eventualmente será necesario determinar la participación primaria o secundaria en el delito de homicidio".
El abogado considera que "existen ciertos elementos probatorios que pueden hacer presumir la existencia de responsabilidad penal" de los tres funcionarios. Los elementos que aportó a la causa son tres advertencias:
El dictamen de mayo pasado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que dio cuenta de irregularidades en el funcionamiento de locales clase C, es decir, los boliches como Cromañón. Decía que el 86% de las discos no cumplía con normas como las de prevención de incendio. El tema fue tapa de Clarín en su momento.
El dictamen de la Legislatura de la Ciudad solicitando informes con respecto a la denuncia que hizo la Defensoría. "Nunca fue contestado", recalcó.
El dictamen de la Legislatura de la Ciudad que dio cuenta "del total colapso en el que estaba el sistema de inspecciones, a raíz de la permanente rotación del personal y la falta de control sobre el accionar del mismo".
El estudio de Bergenfeld aportó también las constancias de ingreso de esos documentos a la Jefatura de Gobierno y, por otra parte, otros elementos como "fotografías de afiches que fueron difundidos en la vía pública", que demostrarían irregularidades en locales similares.
Para el abogado, y ahora también puede presumirse que para la jueza, estos tres avisos serían motivos suficientes como para tipificar la conducta de los funcionarios como "incumplimiento de deberes", que tiene una pena de un mes a dos años de prisión —excarcelable—, además de inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
Consultado por este diario, un vocero del jefe de Gobierno declaró: "Es una medida obvia, correcta judicialmente. Esperada".
Con la noticia de esta inhibición Ibarra irá el viernes a la Legislatura, luego de haber esquivado por un estrechísimo margen un pedido de interpelación.
Con la jugada de ayer, ahora es él quien pone día y hora para responder a las preguntas. De todos modos, la decisión de Ibarra tiene sus costos. Tendrá que sentarse en una Legislatura cuya principal bancada —la macrista, con el apoyo de López Murphy y Bullrich— quiere arrinconarlo en un juicio político y amenaza hasta con su destitución. Y en segundo lugar, porque Ibarra tiene apenas tres legisladores fieles. La sesión del viernes será publica. El jefe de Gabinete, Raúl Fernández, aclaró ayer que, de ser necesario, pondrán pantallas gigantes en la puerta de la Legislatura. Familiares de las víctimas dijeron a este diario que allí estarán. |