Ricardo Diez
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| | Enviado sábado, 31 de diciembre, 2005 - 07:40 am: | |
URGENTE 24 horas
Cromañón, un 2005 marcado día a día por la tragedia
Escasos minutos después de desencadenada la tragedia en el boliche República Cromañón durante el recital de Callejeros el 30 de diciembre de 2004, la televisión ya mostraba las primeras imágenes desesperadas. Los familiares debieron deambular de un hospital al otro, de allí hasta la morgue y como último recurso, el lugar de la tragedia. Las historias se multiplicaron por incontable cantidad de casos. Pero el dolor se hizo más fuerte cuando para casi doscientas familias, llegó la confirmación de la muerte. ¿El sufrimiento podía ser mayor? Sí. Una morgue con su capacidad sobrepasada, una autopsia obligatoria que parecía burlar todo padecimiento, tanto como los fuegos artificiales que explotaron con la llegada del año nuevo. Hoy a un año de la tragedia que marcó día a día el 2005, hay margen aún para más dolor.
Apenas ocurrió el incendio, los familiares de las víctimas del incendio en el boliche República Cromañón, comenzaron a organizarse, primero para encontrar los cuerpos de sus hijos en los hospitales, y después por el reclamo de Justicia.
Al principio, la culpa de la tragedia recayó sobre Omar Chabán y el gobierno de la Ciudad. Al primero se lo acusa de haber vendido más entradas de las permitidas, de equipar Cromañón con elementos inflamables y de inutilizar vías de escape. También de coimear a los funcionarios municipales para lograr la habilitación.
Por su parte, al suspendido jefe de gobierno se le endilgó complicidad en las coimas y negligencia para prevenir la tragedia.
Apenas entrado el 2005, se realizó la primera marcha al canto de "ni las bengalas, ni el rocanrol, a los pibes los mató la corrupción".
Y si bien, la mirada desde el ámbito del rock fue distinta, empezó a tomar fuerza una mirada que incluyó a Callejeros. Muchos salieron a criticar la 'cultura de la bengala'.
Luego llegó la suspensión de los boliches ordenada por Ibarra, y varios boliches debieron cerrar sus puertas por incumplir normas que ahora se sancionan de manera fanática.
A la par, comenzó a surgir una especie de 'fiebre' callejera. Remeras, pins y otro accesorios con imágenes de la banda se convirtieron en mayoría entre el público. Mientras, el cerco judicial comenzaba a cerrarse sobre Callejeros: detienen al manager Diego Argañaraz y al responsable de seguridad de la banda, Lorenzo Bussi. Los músicos rompen el silencio post-Cromañón y en febrero hablan por primera vez.
Ya en marzo, solo el 10% de los 5 mil boliches que existían en Buenos Aires antes de Cromañón vuelven a abrir sus puertas. Mientras, Callejeros, continúa su gira por los medios. Pero, el cerco judicial se cierra aún más.
El juez Julio Lucini acepta como querellante a un grupo de familiares de víctimas que, por primera vez, no sólo responsabiliza a Chabán sino también a la banda de rock.
Al mes siguiente comienza a funcionar la comisión de la Legislatura porteña que investiga la responsabilidad del jefe de gobierno. Para entonces, la intención de Ibarra por plebiscitar su mandato con una consulta popular languidece entre la apatía y la imposibilidad de juntar firmas.
Por el lado de los víctimas, se hace cada vez más nítido el liderazgo de José Iglesias, padre de Pedro y cara visible del grupo de familiares Que No Se Repita.
Existen otros dos grupos de padres: Familias por la Vida y la Comisión de Familiares de Cromañón.
El punto de partida de las marchas es el santuario de Plaza Once. En la misma plaza se origina la Asamblea de Jóvenes Autoconvocados, el mecanismo de sobrevivientes para decidir de forma democrática y horizontal las acciones a tomar.
Luego, el juez Lucini procesa a cinco funcionarios de la Ciudad (Fabiana Fizbin, Ana María Fernández, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar y Gustavo Torres) por homicidio culposo. Bajo la misma carátula indaga a Callejeros, que vuelven a responsabilizar a Ibarra y a Chabán.
Cuando el dueño de Cromañón es excarcelado bajo fianza por la Cámara del Crimen porteña (que argumenta que el empresario 'no va a fugarse ni a entorpecer la investigación'), decenas de familiares descargan su ira en el Palacio de Tribunales y sufren la represión policial.
Al mes, procesan a Callejeros como coautores de homicidio culposo agravado, el dueño de Cromañón hace uso de su fianza y comienza su deriva por distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. En el partido de San Martín, donde lo aloja su madre, es rechazado no sólo por familiares de la tragedia sino también por varios vecinos del barrio que reclaman el traslado. Sin embargo, también otros respetan el dolor de la madre y piden la emigración de los manifestantes. Chabán busca refugio en una isla del Tigre, pero también allí es acosado por padres y amigos de las víctimas. La propia dueña de casa exige su expulsión.
Al momento de declarar por primera vez en la causa, Chabán sostiene que la seguridad correspondía a Callejeros, que no conoce a Ibarra y que no hubo coimas. Mientras, 150 seguidores del grupo se juntan en el Obelisco para pedir que se los deje de perseguir judicialmente.
En agosto, Ibarra logra posponer el informe de la comisión investigadora que encuentra juntos a legisladores de izquierda con hombres de Macri.
Luego, la Cámara en lo Criminal decide cambiar la carátula del caso a "estrago doloso", un delito con pena más leve, pero que hará más fácil la condena al dueño de Cromañón. De esta manera, la Justicia ya no considera a Chabán "un asesino" sino un empresario que sabiendo la posibilidad de que ocurriese una tragedia no hizo nada por evitarla.
Mientras tanto, continúan los incidentes con los familiares de las víctimas. Los opositores al jefe de gobierno reciben la ira de los padres. Según relató Clarín, uno de los agresores amenaza al macrista Marcelo Godoy. La furia se origina en la intención de varios diputados por respetar los procedimientos institucionales de la Legislatura. Esto es interpretado por un grupo de padres como una maniobra dilatoria que, entienden, deber ser castigada con insultos, gritos y empujones.
En octubre, para las elecciones legislativas, muchos sobrevivientes no votan a Bielsa, Macri o Carrió sino a la Lista 194, una boleta que incluye los nombres de los muertos en Cromañón y que se repartió en las marchas.
Finalmente en noviembre, y por un voto, la Legislatura de la Ciudad suspende a Ibarra en sus funciones para que sea investigado en la causa Cromañón.
Al mes, y en sintonía con los cambios de carátula para Chabán y Callejeros, la Cámara del Crimen deja sin efecto la acusación de homicidio contra los ex funcionarios de la Ciudad. Ahora se los acusa de "incumplimiento del deber", por lo que Ibarra reclama que finalice su proceso de juicio político.
Doce meses después del incendio de Cromañón, José Iglesias sentencia frente a las cámaras de televisión: "Cromañón puso a prueba un montón de cosas y también evidenció un montón de otros. Nosotros no quisimos ser actores. El balance no es bueno".
"Chabán es francamente culpable" y también "tiene culpa el grupo (por Callejeros), son fungibles, podría haber sido la Bersuit y Daniel Grinbak, pero les tocó a ellos".
En tanto, en un balance final propio, el suspendido jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra sostuvo que "desde lo personal fue un año muy difícil. Además de lo que significo Cromañón, el gobierno tuvo que hacer frente a todos lo que le había prometido".
El día 26 de este mes, los familiares comenzaron la vigilia en el santuario de la zona porteña de Once, para conmemorar un año de la tragedia.
Por lo pronto, lo cierto es que, según la Constitución porteña, la Sala Juzgadora debe expedirse antes del 15 de marzo de 2006, período tras el cual, en caso de no llegar a ninguna resolución, Ibarra quedaría absuelto y estaría habilitado a volver a la Jefatura de Gobierno porteño.
En tanto, el fenómeno Callejeros se desinfla. |