Ricardo Diez
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| | Enviado miércoles, 26 de enero, 2005 - 07:36 am: | |
LA NACION, (editorial) miércoles 26 de enero de 2005
A casi un mes de la tragedia ocurrida en el local bailable República Cromagnon, tienen lugar numerosas derivaciones del hecho, tanto en materia política como judicial. En las últimas horas, se anunció que Aníbal Ibarra se presentará pasado mañana en la Legislatura para dar explicaciones, al tiempo que la jueza que interviene en la causa dispuso la inhibición de los bienes del jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de dos ex funcionarios porteños.
Ambos hechos se relacionan entre sí y dan de alguna manera cuenta de la necesidad de que la investigación sobre el luctuoso episodio sucedido en la zona de Once, que ya se cobró la muerte de más de 190 personas, no se limite a desentrañar las responsabilidades de quienes estaban al frente del boliche bailable incendiado sino también a determinar los eventuales incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos.
Desde un principio, señalamos en esta columna editorial que las irregularidades que reinaban en el local donde se produjo la catástrofe tenían su correlato en la desidia o en la ineficacia de las autoridades de la ciudad para controlar efectivamente el cumplimiento de normas elementales de seguridad, cuando no en la complicidad de algunos funcionarios que hicieron la vista gorda a cambio de algún tipo de favores. En el peor de los casos, estamos ante un hecho de corrupción; en el más liviano de los casos, ante el incumplimiento de deberes elementales por parte de quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos porteños en espectáculos públicos.
El listado de irregularidades da una pauta clara de la dimensión de la irresponsabilidad con que actuaron tanto los encargados de República Cromagnon como las autoridades del gobierno porteño. La certificación de bomberos del boliche había vencido en noviembre último; el lugar estaba lleno de menores, aunque su ingreso estaba prohibido; no había detector de metales en la puerta de entrada, como exige la ley, y había elementos de pirotecnia, expresamente prohibidos; no se contrató un servicio extra de policías ni se requirió una dotación de bomberos; se dejó entrar a más de 3000 personas, pese a que la capacidad del lugar sólo soportaba alrededor de 1100, y nadie advirtió a las autoridades sobre las refacciones que afectaron notoriamente la seguridad.
Corresponde a la Justicia determinar no sólo quiénes son los responsables de República Cromagnon, algo que increíblemente no será fácil de desentrañar, ya que aparecen como controlantes del negocio sociedades constituidas en el extranjero. Será menester también determinar las aparentes cadenas de complicidades que hicieron factible que un local bailable funcionara en las condiciones señaladas, virtualmente sin las inspecciones que se imponen en todos estos casos.
Desde ya, tanto el jefe de gobierno de la ciudad como muchos de los funcionarios a cargo de las áreas que debían controlar esta clase de locales bailables -incluyendo a quienes renunciaron- y del gremio que agrupa a los trabajadores del sector, deberán dar todas las explicaciones necesarias, ante la Legislatura local y ante la Justicia.
Las numerosas clausuras de bares y discotecas similares a República Cromagnon efectuadas en las últimas semanas demuestran que las irregularidades existían desde hacía mucho tiempo. Esto da cuenta de que sólo por milagro no se produjeron desgracias semejantes con anterioridad y también es un indicador de que, antes del fatídico 30 de diciembre, las autoridades no se preocuparon por controlar que estos lugares estuvieran provistos de las mínimas condiciones que garantizaran la seguridad de los concurrentes, a pesar de que desde la Auditoría General de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo y la propia Legislatura se advirtió de esta situación al gobierno porteño.
Recientemente, un grupo de deudos de las víctimas le reclamó al presidente de la Nación la intervención federal del distrito porteño. Si bien no parece ser éste el remedio, sobre todo cuando las instituciones porteñas tienen previstos otros mecanismos para el eventual reemplazo del jefe de gobierno de la ciudad, habría que prestar atención a una demanda de esos ciudadanos, vinculada con el temor de que funcionarios locales estén utilizando todo este tiempo para destruir pruebas que pudieran comprometerlos.
Es de esperar, entonces, que al tiempo que la investigación judicial avance con la necesaria firmeza que se merecen los familiares de las víctimas y la ciudadanía toda, la presencia de Ibarra en el cuerpo legislativo porteño no sea un simple acto para descomprimir parcialmente la tensión reinante, sino que sea el paso inicial para el esclarecimiento de las responsabilidades del gobierno local en la tragedia. |