Ricardo Diez
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| Enviado martes, 24 de enero, 2006 - 08:23 am: | |
CLARIN El Código de Faltas con multas más duras genera rechazos ------------------------------- Horacio Aizpeolea. haizpeolea@clarin.com La decisión del Gobierno porteño de endurecer las sanciones a dueños de boliches, geriátricos, colegios y hoteles que no cumplan con las normas de seguridad exigidas no fue bien recibida en algunos de los sectores involucrados. El Ejecutivo porteño, a cargo de Jorge Telerman en reemplazo del suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, anunció 15 modificaciones al Código de Faltas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. "Las políticas punitivas no sirven", afirmó Alejandro Barros, presidente de la Unión de Geriátricos, entidad que reúne cerca de 130 establecimientos porteños. Barros contrapuso las políticas que, según su opinión, lleva adelante el PAMI: "Los auditores de PAMI van a los geriátricos, hacen un informe y dan plazos para solucionar las irregularidades; si no cumplen, rescinden el contrato". Barros criticó la política de inspecciones del Gobierno porteño: "Se envían inspectores contratados que trabajan para sumar boletas, así los funcionarios después pueden exhibir buenas estadísticas". "¿Por qué tanto celo contra los boliches?", se preguntó Aníbal Mathis, representante legal de la Cámara de Empresarios de Resto-Bailables Argentina (CERBA). "Usted va al cine de un shopping y la salida de emergencia te lleva a otros lugares del shopping, y nadie dice nada", se quejó. "Aquí hubo una tragedia en un recital de rock (por Cromañón), donde iba gente de rock con costumbres propias como tirar bengalas, pero el Gobierno pone la lupa sobre las discotecas", agregó. Los decretos de necesidad y urgencia deben ser aprobados o rechazados por la Legislatura. El presidente del bloque kirchnerista, Diego Kravetz, también criticó la iniciativa de Telerman. "Un Estado fuerte, como el que plantea el presidente Néstor Kirchner, debe construirse sobre la base de normas que atiendan los nuevos problemas que padece nuestra sociedad; no es suficiente con el endurecimiento de penas y multas", dijo el diputado porteño. Desde el macrismo, el legislador Mario Morando, en cambio, dijo estar "de acuerdo, como concepto general, con el endurecimiento de las sanciones". Mostró dudas, sin embargo, sobre "la regla de cálculo usada para aumentar sustancialmente el monto de algunas penalidades". El presidente de la Auditoría General de la Ciudad (organismo externo al Gobierno), Matías Barroetaveña, avaló los cambios impulsados por la Comuna. "Nuestros informes señalaban irregularidades en boliches y geriátricos, pero el Gobierno nos respondía que clausuraban y con un mínimo pago, esa clausura se levantaba", dijo el auditor. |