Ricardo Diez
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| Enviado domingo, 30 de enero, 2005 - 08:20 am: | |
CLARIN, domingo 30 de enero de 2005 La política, muy lejos de la tragedia Aníbal Ibarra sorteó el primer examen en la Legislatura. Y Mauricio Macri revisa ahora su plan de empujarlo sin demora al juicio político. El duelo y las intrigas políticas dejaron de lado un verdadero debate sobre Cromañón. -------------------------------------------------- Julio Blanck. jblanck@clarin.com Hasta hace dos días, Mauricio Macri estaba seguro de que se acercaba su hora de gobernar la Capital. Sólo debía resolver un dilema: no quería aparecer quebrando la institucionalidad, pero tampoco admitía perder su ocasión. La jugada planeada por Macri y descripta el jueves por la tarde a Clarín por las más altas fuentes de ese sector era sencilla: apabullar a Aníbal Ibarra en la interpelación por la tragedia de Cromañón, y atrás de eso impulsar el juicio político para provocar su destitución. Siguiendo la letra de la Constitución porteña, en caso de acefalía debería convocarse a elección de jefe de Gobierno junto con el próximo comicio legislativo nacional. Esto es, en octubre próximo. Durante el largo informe de Ibarra, el viernes último en la Legislatura, la vigorosa intervención de Gabriela Michetti, jefa del macrismo puro, apuntó exactamente en esa dirección. Le adjudicó a Ibarra la máxima responsabilidad política por la tragedia. Ese argumento es la base de un eventual pedido de juicio. Pero las cosas no fueron exactamente como ellos esperaban. De hecho, con su estrategia de reparto de culpas Ibarra sorteó el primer examen en la Legislatura, aunque sigue en el estado de emergencia política permanente que le impuso la tragedia. Ahora Macri está revisando su plan. Asegura a los suyos que "la condena pública a Ibarra ya está". Pero mide con cuidado cada paso que vaya a dar en dirección al juicio político. No quiere quedar adherido a los sectores de izquierda que apuntan en esa misma dirección. Pero, sobre todo, tiene que hacer el recuento de sus propias fuerzas. Es que uno de sus bloques en la Legislatura se le fisuró en plena sesión y acompañó de hecho el juego de Ibarra. Ayer esa bancada terminó de estallar. Su jefe, Jorge Mercado, ya es un ex macrista. El propio Macri trataba de evaluar los daños, calculando cuántos legisladores lo acompañarán en la fractura. Ibarra se dio a sí mismo una consigna para la interpelación: ni quebrado ni soberbio. Admitió responsabilidades y tuvo ayudas inesperadas, que fueron cuidadosamente trabajadas por sus operadores en los días previos. Y usó en su provecho un dato insoslayable: nadie se dedicó en serio a hurgar qué había pasado en Cromañón y qué fallas en los controles facilitaron la tragedia. Así, en las largas horas de debate hubo apenas una sola mención a la puerta de emergencia cerrada y ninguna a la pirotecnia que desató el infierno. En esa noche de tensión e intrigas, lo principal no fue la tragedia sino la especulación política. En eso estuvieron todos asociados: es un hecho que califica a sus protagonistas. La pelea sigue abierta, con el llamado a continuar la interpelación el martes. Ibarra está más cerca de ausentarse que de concurrir. Argumenta que ya respondió las preguntas de 15 bloques y que el macrismo "lo único que quiere ahora es montar un show mediático". Macri sostiene que el show lo armó Ibarra el viernes y quiere que todos los legisladores puedan preguntar. Entre los que todavía no hablaron, los suyos son mayoría. Su estrategia avanza detrás de las víctimas: "Aquí quedó de un lado la corporación política y del otro lado los padres", aseguran cerca suyo, después de las traumáticas negociaciones en la madrugada del sábado para lograr un cuarto intermedio. Durante esas horas hubo una comunicación de Macri con Juan José Alvarez, con quien mantiene buena relación. El secretario de Seguridad porteño lo llamó para reclamarle que frene el pedido de cuarto intermedio. La discusión fue durísima, aseguran, y Macri siguió adelante. Incluso tuvo que insistirle por teléfono a Santiago de Estrada, integrante de su sector y titular de la Legislatura, para que aceptara la petición que, en nombre de los familiares, presentó una diputada de izquierda. De la dimensión de la tragedia de Cromañón y la situación de Ibarra se habló, de modo informal, durante la cena del martes pasado en el Palacio San Martín, servida en honor del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En una de las mesas se sentaron Miguel Sebastián, el poderoso asesor económico de Zapatero, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño; el ministro Roberto Lavagna; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el propio Ibarra. En un momento, Sebastián comentó que él era un sobreviviente de la tragedia de la discoteca madrileña Alcalá 20. "Me pude salvar aquella noche porque estaba cerca de la puerta", dijo. Sucedió el 17 de diciembre de 1983: hubo un incendio en la discoteca y muchos no lograron escapar por la falta de ventilación y las salidas de emergencia inutilizadas. Hubo 82 muertos. Sebastián dijo estar sorprendido porque en el caso Cromañón se insinuase la culpa de Ibarra. "En Madrid sólo fueron condenados los dueños de la disco", explicó. Así ocurrió: los cuatro propietarios de Alcalá 20 fueron penados con dos años de prisión por "imprudencia temeraria". Aunque no era la intención de Sebastián, ese comentario fue tomado por el Gobierno como una muestra más de la muy buena disposición de Zapatero y los suyos. Esta es una impresión que se extendió entre los inquilinos de la Casa Rosada aún más allá de lo razonable. Por eso, suponer que Telefónica reactivó su demanda internacional contra la Argentina por 2.800 millones de dólares, sin siquiera dar aviso al gobierno de Zapatero y horas antes de su llegada a Buenos Aires, es simple ingenuidad, o desconocimiento de hasta qué punto el Estado y las empresas españolas están entrelazados en un sistema de po der que, para ellos, se ha demostrado eficaz desde hace años. De todos modos, el Gobierno reunió suficientes gestos de Zapatero como para creer que el líder socialista hará lo que prometió en público y en privado: interceder ante Telefónica y los dueños de Edesur para que desistan de sus juicios contra la Argentina. Según los relatos de directivos de las firmas españolas y de funcionarios argentinos, Zapatero fue más duro de lo que cualquiera de ellos hubiese imaginado al plantearles a las empresas que debían acercar posiciones con el gobierno de Kirchner. Dijo que haría lo necesario para que les reconozcan aquellos reclamos "lógicos y razonables", pero virtualmente las emplazó a resolver la situación en el término de un mes. Esto ya le valió críticas de la prensa en su país. Detalles de las conversaciones realizadas aquí entre él, sus funcionarios y los directivos de las empresas españolas fueron brindados por Zapatero a Kirchner en una llamada telefónica que le hizo apenas llegó a Santiago de Chile, su escala posterior al paso por Buenos Aires. La mediación de Zapatero no supondrá jamás arrasar con el interés de las empresas españolas. Pero éstas ya presumen que algo tendrán que ceder, tanto como el Gobierno sabe también que deberá hacer concesiones. Primer indicio: en la Casa Rosada pueden escucharse ahora posturas menos intransigentes respecto al ajuste de tarifas de las empresas en conflicto. En cambio, sigue muy duro el discurso oficial respecto de Aguas Argentinas. Lo que continúa en discusión es quién invertirá los 400 millones de pesos anuales necesarios para ampliar y mejorar la calidad del servicio. La rescisión lisa y llana del contrato es una idea que seduce en la Casa Rosada. Pero también allí retumban las voces que aconsejan, casi siempre a contraviento, evitar señales de ruptura mientras está abierto el canje de la deuda, que es de verdad la bisagra sobre la que el país puede definir un nuevo rumbo. Se buscan caminos intermedios. Una variante en estudio sería que la propiedad de la empresa volviese a manos del Estado, pero que Suez permanezca como operador del servicio. No sería el formato más rentable, pero en cualquier caso se avanza hacia una empresa mixta. Y si la plata la termina poniendo el Gobierno, se reclamará una mayor influencia sobre las decisiones de Aguas Argentinas. Aquí es donde entran otros intereses: grupos empresarios de peso estarían operando sobre el Gobierno para apurar una decisión así, esperando ser beneficiados como futuros proveedores de la empresa. Otro negocio en puerta tiene que ver con la llegada del presidente venezolano, esta semana a Buenos Aires. Hugo Chávez vendrá a cobrarse el abastecimiento de fuel oil que ayudó a zafar de la crisis energética el año pasado, y a poner en marcha una cadena de estaciones de servicio que la empresa estatal de petróleo de Venezuela compró en sociedad con la argentina Enarsa, creación del kirchnerismo. Por detrás de estas operaciones, los venezolanos están avanzando en firme para comprar la filial local de Shell, que tiene el 16,5% del mercado de combustibles líquidos en el país. El Gobierno calcula que la Venezuela de Chávez terminará haciendo una inversión de mil millones de dólares en la Argentina. Y el dinero, ya se ha dicho, no tiene ideología. |