Ricardo Diez
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| Enviado viernes, 20 de octubre, 2006 - 05:38 pm: | |
NOTICIAS 26 Piden embargar los derechos de autor de Callejeros Dos abogados de padres de víctimas de Cromañón solicitaron a la jueza Crotto que libre oficios a SADAIC y CAPIF para que se retengan los dividendos por autoría. Ya les habían embargado la recaudación de los recitales de Córdoba y La Rioja. Familiares de víctimas del incendio en la disco República Cromañón pidieron a la Justicia el embargo del dinero que la banda Callejeros perciba de ahora en adelante por la difusión de su música, derechos de autor y compositor y venta de discos. El planteo fue formulado a la jueza de instrucción porteña María Angélica Crotto por los abogados Susana Rico y Pablo Lilljedahl, quienes reclamaron que se libren oficios con ese fin a AADI-CAPIF y a SADAIC. Por su parte, el abogado de Callejeros Eduardo Guarna explicó a Télam que tanto los ingresos por shows como por derechos de autor y venta de discos son "ingreso genuino" de los músicos y que sólo podría embargarse entre el 20 y el 25 por ciento. Sobre Callejeros ya pesa un embargo por la causa de 450 millones de pesos, además de una medida similar sobre los recientes shows de Córdoba y La Rioja. Mientras que fuentes consultadas en Sadaic señalaron que este tipo de embargos "puede darse" pero coincidieron con Guarna en que "si la banda apela sólo pueden embargar hasta el 25 por ciento, porque en Sadaic ellos cobran sus salarios". Los abogados representan a familiares de los fallecidos María Santillán, Nicolás Nieva, Mariano Vegas Méndez, Pablo Soraire y Abel Rodas, quienes murieron como consecuencia del siniestro ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche de Once. En su presentación ante Crotto, a la que accedió Télam, los letrados afirmaron que "tales emolumentos no revisten carácter alimentario y, en consecuencia, el embargo debe ser por la totalidad de lo que les correspondiere percibir, sin quita alguna". Asimismo, solicitaron que se indique en los oficios que se deberán retener las sumas necesarias hasta cubrir el importe fijado cuando se procesó a los miembros de la banda, sobre quienes pesa un embargo global de 405 millones de pesos. El abogado de Callejeros, Eduardo Guarna, explicó a Télam que "los familiares están equivocados, porque todo lo que sea ingreso genuino por actividad de un músico, es decir, todo lo que sea producto de su trabajo, tiene carácter alimentario". El letrado señaló que "esto abarca el dinero recaudado en recitales así como por derechos de autor y venta de discos y todo lo que derive de su trabajo" y que el máximo que se puede embargar es entre el 20 y 25 por ciento de lo percibido. Guarna recordó que "hay jurisprudencia al respecto acerca de salarios, jubilaciones y pensiones" y que hay un fallo específico reciente de la Justicia de San Martín a favor de otra banda, a la que sólo se le embargó el 20 por ciento de lo percibido. "El fruto de su actividad profesional constituye el medio con el cual se satisfacen las necesidades vitales propias y de su familia, incluyendo lo necesario para preservar una mínima subsistencia", añadió el letrado. Luego de que Callejeros anunció que volvía a tocar, familiares de las víctimas pidieron a Crotto que embargara el monto percibido por los recitales y la jueza hizo lugar a la medida después de los shows del 21 de septiembre en Córdoba y del 13 de octubre en La Rioja. Crotto aplicó la medida sobre el total de la cifra que los músicos debían percibir, pero Guarna, apeló la decisión ante la Cámara del Crimen - que aún no se expidió- argumentando que no podía exceder el 20 o 25 por ciento de lo que les correspondía cobrar. Según el letrado, la banda firmó un contrato por los dos recitales y cobró 40.000 pesos antes de tocar, de los cuales 10.000 pesos fueron donados al hospital de la localidad cordobesa de La Calera. De acuerdo con la versión del letrado, "la jueza impuso el embargo a la productora Nueva Tribu SRL, que contrató a Callejeros, lo cual está mal hecho, porque ellos son terceros". En la causa en la que se investiga el incendio en Cromañón, Patricio Santos Fontanet, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vazquez, Christian Torrejon, Daniel Cardell y Elio Delgado y su manager Diego Argañaraz están procesados por el delito de "estrago doloso", que prevé una pena de 20 años de prisión. Además pesa en contra de cada uno un embargo de 57,9 millones de pesos, el cual ninguno de los músicos está en condiciones de afrontar porque la mayoría carece de patrimonio. Por ese motivo, los familiares quieren que se prevea que los músicos puedan "responder económicamente" en los juicios penales y civiles en su contra. |