Ricardo Diez
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| | Enviado lunes, 25 de diciembre, 2006 - 10:57 am: | |
NOTICIAS URBANAS
Amparo de José Iglesias por las escuelas
Por "omisión" en no ejercer el poder de policía para aplicar la reglamentación en materia de habilitación y prevención de catástrofes, es que el padre de una víctima de Cromañón, José Iglesias, presentó un amparo contra el Gobierno porteño. La justicia ordenó dejar de dictar clases en las aulas containers y refaccionar una veintena de escuelas
Por Lucas Schaerer
Uno de los padres de las víctimas por el incendio en el boliche Republica Cromañón, José Iglesias, junto a su socia en el estudio de abogados, Beatriz Campos, iniciaron un recurso de amparo por las deficiencias en infraestructura de una veintena de instituciones educativas establecidas en la Capital Federal. La presentación iniciada contra el Gobierno tiene como objetivo "cesar la 'omisión' en no ejercer el poder de policía, permitiendo así la existencia de una situación de inseguridad, déficit habitacional, de infraestructura y servicios, en todas las escuelas dependientes del Gobierno, y privadas" en todos los niveles. Al amparo se le sumaron más tarde la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, el asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, y la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ).
La acción de amparo presentada contra el Gobierno porteño asegura que "no se arbitran los medios previstos para garantizar la aplicación y cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de habilitación de establecimientos educativos y de prevención de catástrofes".
Asimismo, los primeros denunciantes no así Gustavo Moreno, solicitaron con la medida cautelar la realización inmediata y urgente de inspección en todos los establecimientos educativos. De verificarse falencias solicitaban la suspensión de clases y su cierre hasta tanto se encontrase en condiciones óptimas.
Estas medidas fueron rechazadas por el magistrado, Fernando Lima, al frente del juzgado N° 11 sobre el que recayó la causa, y por la Cámara de Apelaciones. La medida más extrema que llegó a tomar el juez porteño fue una inspección a la escuela Bandera Argentina, de Retiro, que tenía aulas de chapa y baños químicos, llamadas containers. Sí vale aclarar que el magistrado exhortó en su sentencia al Ejecutivo que deje de utilizar las aulas containers, antes del receso escolar invernal, y que presente un plan de obras para subsanar las irregularidades en las instituciones educativas.
No contentó los demandantes apelaron la medida de primera instancia dictada por el juez Lima, en el mes de julio. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrado por Esteban Centanaro, Nélida Daniele y Eduardo Russo, aceptó, en septiembre, parcialmente la acción de amparo. Los magistrados de Cámara sumaron al amparo, un primario, dos jardines maternales (uno del Hospital Gutiérrez) y la secundaria "María Claudia Falcone", y mantener el plazo de obras (antes del comienzo del ciclo electivo 2007 debe estar finalizadas todas las refacciones) dictado en primera instancia.
La primer respuesta del Gobierno en la causa iniciada por Iglesias fue cuestionar la legitimación de los demandantes, la admisibilidad de la acción, y los plazos para el cumplimiento de obras.
Frente a la avanzada judicial al Gobierno no le quedo más que presentar el plan de obra. El punto que más disgusta al Gobierno son los plazos de obras que la Cámara ordenó.
Sobre el plan de obras, el asesor tutelar de los menores comentó a NOTICIAS URBANAS que "quedó afuera el jardín materno del Hospital Gutiérrez en el plan de obras y tengo dos sugerencias menores con el plan". Con respecto a las aulas containers añadió el funcionario judicial que "dejaron de usarse por lo menos en los lugares donde teníamos información".
Las distintas deficiencias enumeradas por el juez Lima y que deben ser revertirse, según el plazo judicial antes de marzo del 2007, tienen que ver mayoritariamente con ausencias como la instalación de agua contra incendio, escaleras, barrales antipánico, ventilación, señalización de emergencia, rampas para discapacitados. La presencia de una cámara transformadora de la empresa de EDESUR (Escuela N° 7 Juan de Garay, DE 5, avenida Caseros al 700), tendido de cables en forma área, aulas con piso de madera, escaleras que no cumplen con su tamaño, puertas sin habilitar o que abren en sentido contrario a una evacuación, son otras de las irregularidades comprendidas en la causa.
En la causa la escuela N° 22, DE 19 (Mom 2358) figura con la presencia de dos "containers" que funcionan como aulas auxiliares. Y en la escuela N° 12, DE 5 (Iriarte y Mostesquieu) de Villa 21/24 los miembros de Dirección General de Fiscalización de obras y Catastro una vez llegados al lugar no entraron a la institución por falta de seguridad.
El expediente 15.909, tiene 15 cuerpos, y según el fallo del juez porteño, "pese a un año de trámite la causa, pese a miles de fojas, considero que no se ha probado que estén en peligro de la vida, la integridad y la educación en la totalidad del sistema educativo. Ni tampoco se omitió el poder de policía". Y añadió para no quedar oficialista que "sí se ha demostrado la existencia de circunstancias que podrían poner en peligro la vida, en razón de la falta de aplicación y cumplimiento de los deberes constitucionales".
Por su parte los demandantes cuestionaron en la apelación: que las escuelas inspeccionadas no son todas las que dependen del Gobierno, que la demandada debía garantizar la reglamentación de habilitación en establecimientos educativos, y que no se orden un plan de sistema de inspecciones y controles periódicos.
"Se ordena a la demandada que ejecute determinadas obras, si no que elabore un plan de obras que sin intervención judicial debía haber efectuado", quedo asentado en la apelación, y la conclusión de José Iglesias, quien tiene el nombre de su hijo en la lista de 195 personas muertas en el incendio del 30 de diciembre de 2004, es que "se llega a esta circunstancias por la inacción, verificada en la falta de control". |