Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 01 de febrero, 2005 - 08:01 am: | |
LA NACION, martes 1 de febrero de 2005
Analiza nuevas imputaciones
La jueza dictó la prisión preventiva de Chabán
Lo embargaron en $ 57.600.000; estudian imputar al hermano del empresario y a un jefe de seguridad
-La magistrada entendió que Omar Chabán es el presunto responsable de las 192 muertes
-Podría caberle una pena de hasta 50 años de prisión
-Funcionarios comunales, en la mira
Omar Chabán no fue el único responsable de la tragedia en República Cromagnon.
Así lo determinó ayer la jueza de Instrucción María Angélica Crotto en la resolución en la que procesó y dictó la prisión preventiva del empresario por su presunta responsabilidad en 192 casos de homicidio simple en concurso real ocurridos el 30 de diciembre último en el local que Chabán explotaba comercialmente en la zona de Once.
"Habiendo aparecido nuevos imputados, a efectos de no comprometer el éxito de la investigación, se decreta en forma parcial el secreto del sumario", sostuvo la jueza en su resolución de más de 200 páginas, en la que mandó trabar embargo por 57.600.000 pesos sobre los bienes del empresario.
En caso de ser declarado culpable en un juicio oral, Chabán podría ser condenado a 50 años de prisión.
Esto podría ocurrir así debido a que la figura de concurso real que impuso la magistrada permite que se sumen los máximos de las penas, aunque el Código Penal establece el límite de ese total en 50 años.
Para la jueza, "las 192 muertes no han sido por obra del azar ni de la casualidad, sino por las omisiones y acciones del propio Chabán. Mientras cientos de personas luchaban por salir con vida del local a su cargo, Chabán se limitó a retirarse del lugar normalmente y con una actitud tranquila".
Nuevas imputaciones
Sobre las nuevas imputaciones, fuentes judiciales importaron que fueron solicitadas por los abogados querellantes y por el fiscal del caso Juan Manuel Sansone.
Entre los pedidos analizados por la jueza figura un duro escrito presentado por el letrado Rafael Cúneo Libarona, que solicitó que sean citados como acusados para que presten declaración indagatoria Yamil Chabán, hermano del empresario procesado; Raúl Villarreal, jefe de seguridad del local incendiado; el responsable del personal de seguridad contratado por el grupo de rock Callejeros, y los funcionarios e inspectores del gobierno de la ciudad que permitieron el funcionamiento de Cromagnon a pesar de que tenía vencida la certificación antiincendio de los bomberos.
Una calificada fuente de la investigación dijo a LA NACION que los otros imputados figurarían en el listado de personajes cuyos bienes fueron inhibidos por la jueza. Ellos son el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra; el secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López; Fabiana Fizbin, subsecretaria de Control Comunal, y los miembros de la banda Callejeros.
"Sin perjuicio de esta resolución, el tribunal, como director del proceso, continuará avanzando sobre otras líneas de investigación que se han trazado a efectos de poder establecer la posible existencia de otros responsables del hecho", manifestó la jueza.
Fuentes judiciales informaron que Chabán fue notificado de la resolución a las 8.45 en el calabozo del penal de Marcos Paz. Los informantes dijeron que no se sorprendió y que era lo que esperaba.
"Se trató de una medida transitoria, así que considero inoportuno apelar, debido a se demoraría la instrucción de la causa. En definitiva, será el tribunal oral, en un juicio, el que defina la situación y la calificación", dijo a LA NACION el abogado defensor de Chabán, Pedro D’Attoli.
El letrado aclaró que su defendido "estaba al tanto de que podía ser procesado y que está preparado para pasar un tiempo en la cárcel".
La resolución de la jueza coincidió con la consideración sobre la responsabilidad de Chabán realizada en su acusación por el fiscal Sansone, que había manifestado que el empresario era el garante de la seguridad de los espectadores.
Estas son las ocho acciones y omisiones cometidas por Chabán y que habrían posibilitado la tragedia:
Haber permitido que ingresaran en el local 3000 personas cuando, en realidad, estaba habilitado y sólo tenía capacidad para 1031, como también haber dispuesto un lugar específico –supuestamente el baño de damas– para la permanencia de menores, a modo de guardería.
Haber omitido, en su calidad de organizador del espectáculo, que se adoptaran las medidas de prevención necesarias para contar con adecuada dotación de personal para garantizar la seguridad de las personas.
No haber dispuesto lo necesario para establecer un cacheo eficiente y minucioso en la entrada del local para impedir que los asistentes ingresaran con elementos de pirotecnia, teniendo en cuenta que había ocurrido anteriormente un incendio y que en el techo y la estructura presentaba materiales altamente combustibles. Ese incendio fue el 25 de diciembre último, durante el recital del La 25, y el imputado había advertido: "Hijos de puta, si tiran bengalas nos vamos a quemar todos".
Haber organizado un espectáculo aun a sabiendas de que la única salida de emergencia del local estaba cerrada con un candado y alambres.
No haber dispuesto lo necesario para, una vez ocurrido el incendio, organizar un egreso ordenado de las personas que permitiese una evacuación más eficiente y pronta del local.
Haber organizado un espectáculo aun a sabiendas de que el certificado antiincendios expedido por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal se encontraba vencido.
Haber llevado adelante el espectáculo aun a sabiendas de que la mayoría de los matafuegos del local estaban despresurizados o vencidos.
No haber dispuesto lo necesario para que una vez ocurrido el incendio se abriera la única puerta de emergencia.
Por Gustavo Carabajal
De la Redacción de LA NACION |