Ricardo Diez
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| | Enviado viernes, 24 de abril, 2009 - 08:17 am: | |
NOTICIAS URBANAS
Los boliches y la caja
"El cuerpo de inspectores pasó de centenares a una decena y con un presupuesto reducido". Esa fue la información más importante que develó la nueva jornada judicial por el incendio del boliche de Once. Los testimonios que complicaron a las ex funcionarias porteñas, Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.
Por Lucas Schaerer
Los manejos del área inspectiva durante el 2004 quedaron a la vista este miércoles. En una nueva audiencia del juicio oral y público por las víctimas de Cromañón pasaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 24 relevantes testigos que demostraron y refirieron procederes de los funcionarios ibarristas respecto a los controles que recibían los propietarios de boliches.
La imputada y ex responsable de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) y segunda en la Dirección de Fiscalización y Control, Ana María Fernández, declaró en primer lugar en una serie de cuatro testigos. Su objetivo era claro. En su ampliación de indagatoria quería derribar los argumentos que brindaría la segunda testigo quien auditó su área, llamada UPI. La auditoria del área entre enero a marzo de 2004 fue demoledora y jamás Fernández se ocupó de responder.
“Con el informe 10 se auditó un área recién creada”, sostuvo en su indagatoria la ex funcionaria Fernández, quien añadió que la auditoria no debe ser tenida en cuenta “como prueba de cargo”, y luego continúo detallando defectos que tendría la auditoria que luego sería comentada y analizada por la segunda testigo.
Adriana Rundnizky fue citada a declarar por haber sido contratada por el entonces secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López, cuñado del ex jefe de Gobierno. La auditora con experiencia en la Sindicatura General de la Ciudad fue designada por López, y le pidió de manera especial que anticipara la auditoria sobre la UPI.
La auditoria que ocupó enero, febrero y marzo, para ser confeccionada en abril y entregada en mayo demostró según la propia Rundnizky que “la falta de inspectores, de personal administrativo, de apoyo técnico como es la informatización y presupuesto”.
La auditoria que “fue motivo de charlas con el secretario López no fue respondida por Fernández. Tampoco pidió un plazo para responderlo”. El informe que jamás respondió la imputada llegó a sus oficinas el 10 de mayo y de ahí en más el silencio fue la respuesta.
Adriana Rundnizky en un momento de su testimonio fue consultada acerca de una clausura que había sido sospechosamente levantada en el 2004. “Fue una clausura que se había levantado de manera extraña. Se dictaron disposiciones para saber si hubo irregularidades y se separó del cargo al funcionario por sospecha de la levantar la clausura”.
La testigo, de profesión contadora y que trabaja en el Registro Civil, además negó a preguntas del querella José Iglesias “entregar expedientes a Couto”. Fernando Couto fue funcionario de la Dirección General de Fiscalización y Control, y el último en ver los planos catastrales de Cromañón en el que figuraba empresas fantasmas como National Uramus.
Al finalizar su testimonio la auditora reconoció que nunca analizaron la Subsecretaría de Control Comunal, tampoco la Dirección de Fiscalización y Control (DGFyC).
ACORRALADOS LOS EX FUNCIONARIOS
“Alfredo Ucar participaba de las inspecciones en representación de la subsecretaría”, recordó Alicia Majlis, actual empleada en licitaciones de la Dirección de Espacios Verdes pero que en el 2004 se encontraba como inspectora. “Ucar participó de operativos grandes pero también como de inspecciones nocturnas” detalló Majlis. La declaración pone en duda un eje de la defensa de Fabiana Fiszbin quien se resguarda en que nunca presenciaba las inspecciones y solo se regía con los informes de los inspectores.
“Este levantamiento nos costó un departamento fue la frase que me dijo una amiga que se enteró porque se lo contó otro amigo”, refirió la testigo. El levantamiento de clausura era sobre el boliche Podesta que fuera clausurado por no tener habilitación boliche clase C y que pese a ello a los días fue abierto. Majils relató que expresó este rumor de pagos indebidos a Ana María Fernández, quien le respondió que el lugar “no le hacia falta habilitación de boliche porque era café, bar, wiskería”, también lo comentó con sus superiores inmediatos Rodrigo Cozzami y Díaz.
La última testigo, Mónica Trunso, inspectora de la UPI del 2003 a 2006 y actualmente en la Dirección General de Seguridad Vial, también confirmó la presencia del asesor Alfredo Ucaro. “Telía ordenaba inspeccionar de noche pero no por escrito, si por Handy. Sabíamos por comentarios de los coordinadores que la lista de inspecciones venía de Control Comunal y después las decidía Ucar”. Los coordinadores que tuvo la testigo fueron Aldo Carra y después Carlos López, quienes le entregaban en mano los informes para inspeccionar y que provenían confeccionados de la subsecretaría.
Las listas sobre los boliches que confeccionó la Superintendencia de bomberos de la Policía Federal, según Trunso, llegaba a Enrique Carelli también subsecretario porteño.
En audiencias anteriores el defensor adjunto Atilio Alimena expresó que basó sus alertas sobre los 210 boliches sin certificado de incendios justamente por el aporte de bomberos, algo que Fiszbin se quejo de no recibir, y que ahora sale a luz que sí llegaba al Gobierno, y al área puntualmente de la Subsecretaría de Seguridad Urbanada, que estaba a cargo de Carelli quien dependía de Juan Carlos López, jefe inmediato de Fiszbin.
ENCONTRARON AL TESTIGO
El testigo Horacio Santinelli fue ubicado y prometió el juez Marcelo Alveró que será el primer testigo del próximo lunes. Además expresó el magistrado que Omar Chabán estaría con posibilidad de ampliar su declaración el viernes.
A lo largo de la audiencia la querella Iglesias-Campos preguntó y repreguntó por los lugares donde se guardaban expedientes, como quienes tenían las llaves de las oficinas. Seguramente existirá en el transcurso del juicio algunas revelaciones acerca del destino de pruebas relacionados a Cromañón. El caso de robos de expedientes ya salió a la luz con por tres testigos que hablaron de una violación de puertas en la DGFyC y el traslado de expedientes, entre ellos por el imputado ex director de la DGFyC, Gustavo Torres. |