Ricardo Diez
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| | Enviado viernes, 04 de febrero, 2005 - 08:34 am: | |
LA NACION, viernes 4 de febrero de 2005
Después de una tragedia como la del 30 de diciembre último, que ocasionó la muerte y lesiones a cientos de jóvenes y niños en las penosas circunstancias conocidas, todos víctimas de la corrupción, la negligencia, la codicia y la irresponsabilidad de muchos, los argentinos verdaderamente doloridos hemos presenciado por televisión una supuesta “interpelación” al doctor Aníbal Ibarra por demás penosa. Lo fue por las preguntas, por las respuestas y por las repreguntas.
Se habló del período de gobierno del ex presidente Carlos Menem, del de Fernando de la Rúa, de las víctimas de la represión en los años 70, de la pobreza, la desocupación y la exclusión, todos temas muy respetables por cierto, de los que nos hemos ocupado muchas veces, pero ajenos al fondo de la cuestión que debía tratarse.
Si el clamor que despertó la tragedia sufrida por la familia del señor Juan Carlos Blumberg, con el asesinato de su hijo, se pudo expresar públicamente como un verdadero grito de dolor de la sociedad, que se solidarizaba con una familia y que estaba harta de sufrir en carne propia episodios de violencia e inseguridad similares, corresponde preguntarse: ¿qué ha ocurrido con el desastre de Cromagnon?
Tuvimos, hasta ahora, la inexplicable ausencia inicial del consuelo presidencial a las víctimas, cuando hasta el Papa enviaba sus condolencias, la demora de 30 días del jefe de gobierno de la ciudad en presentarse a la Legislatura a dar explicaciones, una posterior exposición que repartió supuestas culpas a diestra y siniestra en un intento de dilución de responsabilidades francamente penoso, un par de sesiones públicas en las que aparecieron apetitos políticos de diversa laya, con ominoso olvido de la necesidad que tiene la sociedad de una verdadera purga que limpie el caso desnudando a los principales responsables, sean quienes fueren.
Ya dijimos que todos los sectores del cuerpo social debemos hacer una reflexión sobre la parte de responsabilidad que nos cabe, pero sería absurdo invocar ese argumento para silenciar a los funcionarios administrativos que contribuyeron a que el desastre se produjera.
De algún modo, anteayer, en el recinto de la Legislatura, la madre Mariana Márquez le puso nombre y apellido al sentir de toda la población cuando pidió que Ibarra “dé los nombres de los funcionarios que tendrían que haber controlado el boliche” y los entregue a la Justicia. El jefe de gobierno ha reconocido el fracaso de su gestión en materia de control y de habilitaciones municipales, ha criticado la legislación vigente y a los bomberos y ha repartido responsabilidades al voleo.
Pero lo que no ha hecho aún es suministrar la lista clara y precisa de los funcionarios que faltaron a su deber de controlar el local, desde la cabeza administrativa que es él hasta el inspector o los inspectores a quienes correspondía la zona del “boliche Cromagnon”, pasando por los secretarios, subsecretarios y directores de área respectivos. Es necesario conocer la cadena completa de responsables administrativos que están involucrados en esta tragedia. Ese es el verdadero sentido y objeto de su comparecencia ante la Legislatura y la opinión pública.
Cuando parece evidente, a los ojos de cualquiera que haya mirado una fotografía de los rostros de las víctimas, con los restos de “media sombra y plásticos aislantes pegados en sus caras, cuyos pulmones –se dice de los sobrevivientes– tardarán en curar, cuando no caben dudas de las puertas cerradas y de la falta de salidas de emergencia, así como de las bengalas y la sobreventa de localidades, la llamada “guardería de niños”, el hacinamiento y todo el horror del descuido, la negligencia y la corrupción que las ha permitido, la información que estamos reclamando no puede faltar.
Más aún cuando, luego del desastre, se clausuraron numerosos locales de este tipo, lo que no deja lugar a dudas acerca de la red de corrupción existente en la materia.
Desde ya que las responsabilidades deben ser determinadas y deslindadas: todas, no sólo las de los “chivos expiatorios” o “puntas de iceberg”, por importantes que sean, públicos o privados, sino toda la cadena, tal como la hemos descripto. Han existido, sin duda, responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas.
Es imprescindible que la autoridad política abandone la actitud defensiva, cómplice y de lavado de manos y tome las riendas del asunto. Es indispensable que ponga en conocimiento de la ciudadanía y la Justicia la totalidad de los nombres y apellidos de las personas con responsabilidad en el contralor de este local.
Es necesario que aparezcan en las tapas de los diarios, para que la opinión pública pueda seguir el proceso de responsabilidad que a cada uno le cabe. Todo esto, obviamente, sin excluir a los seudoempresarios privados involucrados en el caso, que están siendo investigados por la Justicia.
Así, sin más, sin especulaciones espurias ni ingenuas cortinas de humo, debe emerger la verdad y deben conocerse los nombres y apellidos. A secas. Sólo así aportaremos un mínimo de rigor y seriedad, tras el sinsentido de tantas muertes y dolor. |