Ricardo Diez
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| Enviado domingo, 09 de enero, 2005 - 07:40 am: | |
Bomberos no revalidó un control porque no pudo entrar en el local La certificación llevaba un mes vencida Lo aseguraron a LA NACION fuentes de la Policía Federal En la fuerza dicen que carecen de poder para hacer controles más allá de las certificaciones anuales Apuntan al gobierno porteño El 23 de noviembre último, el responsable de República Cromagnon pidió a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal la renovación de la certificación técnica de aptitud relacionada con todas las medidas de seguridad exigibles según la ley nacional 19.587, de higiene y seguridad en el trabajo. Los bomberos encargados de realizar las comprobaciones in situ fueron al local de Bartolomé Mitre 3066, pero no pudieron ingresar porque un portero se lo impidió. Dejaron dicho, entonces, que se avisara al propietario que debía hacer un nuevo pedido de certificación y que especificara cuándo podrían entrar los técnicos a hacer su trabajo. Así lo aseguraron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía Federal. Aunque esos informantes -oficiales superiores de la fuerza- dijeron que Bomberos envía listados periódicos sobre las cuestiones relacionadas con esas certificaciones técnicas a las direcciones generales de Habilitación y Permisos y de Verificación y Control de la ciudad, LA NACION no pudo comprobar anoche si aquel episodio -derivado de la caducidad de la habilitación del local- había sido comunicado en tiempo y forma a la administración comunal, encargada final del control de los permisos de funcionamiento de los comercios. Así, durante más de un mes, República Cromagnon funcionó al margen de las leyes. Y nadie se preocupó hasta que fue demasiado tarde. El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, sostiene que su administración sólo puede comprobar que los locales tengan el correspondiente certificado técnico emitido por Bomberos, con lo que se desligó de responsabilidades ante la eventual falta de control en la Policía Federal. En la fuerza, en cambio, sostienen que su cuerpo de bomberos emite las certificaciones por pedido de los propios comerciantes que los necesitan para obtener sus habilitaciones, y que carece de autorización para hacer controles periódicos y sorpresivos por iniciativa propia, puesto que sólo podría ingresar en los locales con una orden firmada por un juez competente. Dicen que esos controles inesperados sólo pueden hacerlos los inspectores municipales, a los que podrían acompañar si son convocados por las autoridades porteñas. Las fuentes policiales dijeron que, en rigor, el edificio en el que funcionaba República Cromagnon estaba en regla al momento de obtener su certificación técnica, en noviembre de 2003. "Si las puertas hubieran estado abiertas, cumplían perfectamente con las medidas exigidas para una concurrencia de 1037 personas, que era para la cual el local había sido habilitado. Pero esa noche, de seis puertas sólo dos estaban abiertas. Los medios de extinción funcionaron perfectamente; de hecho, los bomberos los usaron para apagar los materiales encendidos. Pero la verdad es que un local así puede funcionar un año entero sin que nadie lo moleste", confió ayer a LA NACION un oficial jefe bombero. Sistema perverso "Este es un sistema perverso, con capacidad para certificar pero no para controlar. Y sólo es necesario que haya voluntad política para hacer las verificaciones que exige la ley. Está armado para que los controles no se hagan. En mayo habíamos dicho que no se podía esperar a que hubiera una catástrofe para actuar, que sólo hacía falta un siniestro y el resto serían procesos penales, explicaciones vanas y muertos. Lamentablemente, pasó", dijo a LA NACION Gustavo Lesbegueris, uno de los defensores del pueblo adjuntos de la Ciudad de Buenos Aires. Lesbegueris considera que, al menos en este caso, no se le puede atribuir falta alguna a Bomberos. Y que, contrariamente a lo que ayer sostuvo Ibarra, el gobierno porteño sí tiene personal capacitado entre su cuerpo de inspectores para auditar los sistemas de seguridad contra incendios. Lo mismo, pero con mucho más énfasis, dijo su par Atilio Alimena. "Aquí hay un responsable criminal, que es el autor del hecho, y otro responsable social, que es el Estado, o sea, el gobierno de la ciudad. Bomberos no tiene ninguna responsabilidad. La ordenanza dice que la Policía Federal debe certificar el cumplimiento de las condiciones exigibles, y corresponde al gobierno de la ciudad detectar modificaciones e incumplimientos con inspecciones de rutina. Lugares como éste no debe [de] haber más de diez en la Capital. No se puede invocar la falta de inspectores", concluyó. Por Fernando Rodríguez De la Redacción de LA NACION Link corto: http://www.lanacion.com.ar/668179 |