Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 08 de febrero, 2005 - 08:32 am: | |
CLARIN, martes 8 de febrero de 2005
La investigación apunta ahora a los funcionarios de la Ciudad
El defensor adjunto de la Ciudad dijo que la entonces secretaria de Control Comunal admitió que "no había decisión política" de clausurar los boliches que no cumplían con la seguridad contra incendios.
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Carlos Galván.
cgalvan@clarin.com
Le pregunté por qué no se clausuraban los boliches que no cumplían con las normas de seguridad y ella me contestó que era por falta de decisión política". Atilio Alimena, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruyó ayer frente a la jueza María Angélica Crotto la conversación que mantuvo en junio del año pasado con la subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin. De esta manera, ayer pareció tomar definitivo impulso la investigación para determinar si hubo funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad en la tragedia de Cromañón.
Alimena realizó, en mayo de 2004, un relevamiento para determinar cuántos locales bailables cumplían con las normas de seguridad para casos de incen dio. El resultado fue alarmante: de los 258 establecimientos clase "C" empadronados, apenas 36 (el 14 por ciento) contaba con el certificado que emite la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.
De los restantes 222 boliches, el 14 por ciento tenía los papeles vencidos y el 72 por ciento directamente no contaba con nada. Ese certificado que emiten los bomberos es el que que habilita a una disco a funcionar. En el caso de Cromañón esa habilitación había vencido el 24 de noviembre —es decir, 36 días antes de la tragedia— con lo que el boliche debía haber sido clausurado de manera automática.
El jueves pasado la defensora de la Ciudad Alicia Pierini fue citada a declarar como testigo por la jueza Crotto. "Me preguntaron qué tareas cumple la Defensoría, cómo y para qué hacemos nuestros informes —recordó a Clarín Pierini— Sobre el relevamiento que había hecho Alimena no contesté preguntas puntuales".
Ayer finalmente la jueza Crotto cumplió con el pedido que le había realizado el fiscal Juan Manuel Sansone de que se le tomara declaración testimonial a Atilio Alimena. El defensor llegó al despacho de la jueza a las 10 y se fue a las 12.30.
A Alimena no le sorprendió que la jueza y el fiscal manejaran de pe a pa su informe, que Clarín publicó en su edición del 26 de mayo de 2004. Sí se asombró, en cambio, de que una copia del relevamiento estuviera en las primeras fojas de la causa.
Acerca de los datos de su informe casi no hubo preguntas. La mayor parte de consultas que le hicieron la jueza y el fiscal Sansone giraron sobre a qué funcionario de la Ciudad le había entregado el relevamiento y qué respuesta había obtenido.
Fue entonces cuando Alimena mencionó a la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin. Declaró que con la funcionaria mantuvo tres reuniones, una antes de que el informe se hiciera público y después otras dos. El último de esos encuentros ocurrió en el despacho de Fiszbin. En ese encuentro fue en el que la funcionaria, según Alimena, le contestó que no había decisión política de cerrar los boliches que estaban fuera de regla.
"Yo le advertí que podía tener alguna responsabilidad penal si sucedía alguna tragedia", recordó Alimena. Fiszbin renunció a su cargo el 2 de enero.
Aunque la investigación para establecer la posible responsabilidad de funcionarios de la gestión de Aníbal Ibarra recién está dando sus primeros pasos, se supone que en breve la jueza Crotto deberá llamar a declarar a la ex funcionaria. Por lo pronto, Fiszbin, Ibarra y el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López tienen sus bienes inhibidos.
Fuentes de la investigación dijeron que en el expediente hay otra prueba que serviría para incriminar a funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Se trata de algo absolutamente público: una copia de la ordenanza 50.250 que especifica que si un local no cuenta con la habilitación de bomberos debe ser clausurado.
Anoche, la jueza Crotto aceptó que los familiares de los 192 muertos se dividan en dos grupos de querellantes: por un lado quedó el liderado por José Iglesias y, por el otro, el de María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli.
Hoy a primera hora el abogado Iglesias hará una presentación en el Juzgado. Con ella pretende que se acelere la investigación sobre la responsabilidad de funcionarios porteños. |