Ricardo Diez
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| | Enviado jueves, 17 de febrero, 2005 - 07:46 am: | |
LA NACION, jueves 17 de febrero de 2005
Prohíben la radicación de nuevas sociedades off shore
La Inspección General de Justicia impedirá su ingreso en el ámbito de la Capital Federal
Ahora deberán demostrar su actividad principal en el país de origen y someterse a la legislación argentina
La norma busca que no se diluyan las responsabilidades de los dueños.
Ya lo había anticipado anteayer el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, cuando hizo pública la postura del gobierno de Néstor Kirchner después de la tragedia del boliche República Cromagnon, y ayer por la tarde lo materializó la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando Ricardo Nissen, a cargo del organismo, estampó la firma en la resolución mediante la que resolvió que, de aquí en adelante, no se inscribirá a las sociedades extranjeras que no tengan actividades en el territorio que informen como de origen.
En otras palabras, lo que el ente encargado de controlar las sociedades porteñas resolvió ayer es impedir que se radiquen en la Capital Federal sociedades off shore y, de esta manera, evitar que las responsabilidades de los socios se diluyan u oculten en el anonimato que permiten otras legislaciones.
De ahora en más, todas las sociedades constituidas en el exterior que quieran desarrollar alguna actividad comercial en el país y elijan la Capital Federal como puerta de ingreso (es lo más habitual) ya no podrán constituirse aquí como sociedades extranjeras y quedar bajo la legislación de otra nación, sino que se tendrán que presentar en la IGJ, inscribirse y someterse a la normativa local.
Si bien la medida se conoció ayer, Rosatti ya había adelantado los pasos que seguiría el Gobierno cuando admitió que se pondría en marcha una serie de medidas destinadas a "evitar que una empresa tome a la Argentina como pista de aterrizaje para realizar actividades de las que nadie se hace responsable".
El debate sobre las sociedades off shore se reavivó después del incendio del boliche República Cromagnon, donde murieron 192 personas. Pocos días después se conoció que todas las empresas vinculadas con la disco estaban escudadas en sociedades extranjeras con escaso capital y con socios que sólo prestaban su nombre.
El disparador
Según lo que se desprende de la resolución, el anonimato de los socios parece ser uno de los disparadores de la reforma. En uno de los párrafos sostiene que "el anonimato accionario y las extremas condiciones de inexpugnable confidencialidad que caracterizan el accionar off shore garantizan prácticamente esa impunidad, favoreciendo un estado de cosas que es absolutamente intolerable".
Tampoco la tragedia de Once quedó fuera de la redacción del texto, rubricado ayer por Nissen tras repasarlo con sus asesores. "La reciente tragedia ocurrida en el establecimiento República Cromagnon y el entramado societario que se encuentra detrás de su organización empresaria han puesto en evidencia la necesidad imperiosa de dictar nuevas regulaciones –de un mayor rigor– respecto de los parámetros que deben ser utilizados en el control de legalidad y las funciones de fiscalización a cargo de la IGJ", sostiene la norma.
Otro de los puntos es la descripción que el organismo hace sobre la utilización de este tipo de sociedades: "Las estructuras societarias off shore constituyen –generalmente– instrumentos destinados a violar la ley, el orden público, la buena fe o los derechos de terceros o encubren la consecución de fines extrasocietarios, nada de lo cual debe ser tolerado por este organismo (...)", dice el punto siete de la resolución que llevará el número 2/2005.
Más allá de una redacción que no deja dudas respecto de cuál es la intención del Gobierno, lo cierto es que desde ahora se modifica la forma de constituir sociedades por lo menos, en la Capital Federal. Sucede que la IGJ tiene jurisdicción local y sus normas sólo se aplican en territorio porteño. Cabe preguntarse si las provincias acompañarán el camino que ya transita el organismo que conduce Nissen.
De ahora en más, la IGJ exigirá a las sociedades que se quieran inscribir la subsistencia de su actividad en su lugar de origen, además de endurecer otros requisitos que tienen que ver con jurisdicciones que estén sospechadas de tener legislación muy frágil en materia societaria.
Pocas certezas hay respecto de qué pasará con las sociedades off shore que ya funcionan en el país. Lo que sí cabe esperar es que una vez publicada, la norma despierte una ruidosa polémica.
Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION |