Ricardo Diez
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| Enviado viernes, 04 de marzo, 2005 - 06:14 am: | |
CLARIN, viernes 4 de marzo de 2005 Ratifican que Ibarra sabía que en los boliches había poca seguridad Fue advertido en julio pasado. Dijo que él y sus funcionarios conocían esa realidad. -------------------------------------------------- Alberto Amato. aamato@clarin.com El defensor adjunto del pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena reveló a la Justicia que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, conocía el estado precario de los locales bailables de la ciudad y la falta de prevención contra incendios que los tornaban peligrosos. Ibarra fue informado en la misma defensoría el 15 de julio de 2004, cinco meses y medio antes del incendio en Cromañón, que costó la vida de 193 personas, casi todas jóvenes. "Estoy en conocimiento, ya lo hablé con Fizbin" dijo Ibarra, según reveló Alimena. Ibarra nombraba a quien entonces era la secretaria de Control Comunal de su Gobierno. La declaración del defensor de la Ciudad ante el juzgado que investiga la tragedia estaba bajo el secreto de sumario. Pero el juez Julio Lucini levantó ese secreto esta semana y Alimena reveló el contenido de su declaración. Los dichos del defensor adjunto comprometen a Ibarra y a su desempeño en el control de los boliches bailables. En una charla con Clarín, Alimena confirmó ayer su declaración a la Justicia que hace preveer un careo entre él e Ibarra. Uno de los abogados representantes anunció ayer su intención de pedir ese careo, si es que antes no lo decide el propio juez. Se trata de Javier Miglino, él mismo sobreviviente de Cromañón. Hasta ayer se conocía que la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fizbin, había admitido que para cerrar los boliches bailables en infracción "hacía falta una decisión política". También se tenía casi la certeza de que Ibarra no podía desconocer la crisis de los boliches porque había sido informado por Fizbin, porque había recibido un informe de la Defensoría en mayo de 2004 y porque ese informe fue la base de una nota publicada por este diario con la firma del periodista Pablo Novillo. Lo que el defensor adjunto reveló ayer es que Ibarra fue informado en persona y en la Defensoría sobre los peligros en los boliches y que admitió conocer esa realidad. En esa misma reunión de julio, otro de los defensores del pueblo de la Ciudad, Gustavo Lesbegueris, advirtió a Ibarra del incumplimiento por parte de los locales bailables de la Ley 118 de la Ciudad que indica que el personal de seguridad, también el de los locales bailables, debe estar inscripto en un registro público y cumplir con requisitos estrictos que incluyen desde la inexistencia de antecedentes penales hasta un examen psicofísico. Cromañón tampoco cumplía con esa regla. Y también debió estar clausurado por ello. Al 30 de diciembre, el local regenteado por Omar Chabán no tenía registrado ningún personal de seguridad. En la causa judicial hay al menos un testigo que reveló que la noche del 30 de diciembre "eran muchas las personas que estaban por parte de Chabán" en seguridad, sobre todo en el sector VIP. Se trata de Juan Domingo Ledesma, que dijo ser él mismo empleado de seguridad llamado por Chabán y que perdió en la tragedia a su mujer y a su pequeña hija de diez meses. El incumplimiento de esa ley torna en parte estéril las mutuas acusaciones que se hacen hoy tres de los detenidos, Raúl Villarreal, presunto jefe de seguridad de Cromañón, Diego Argañaraz, manager de Callejeros y Lorenzo Bussi, sindicado como jefe de seguridad del grupo, sobre quién o quiénes ejercían seguridad y control la noche de la tragedia. El fiscal pidió la cárcel para los tres. (Ver "Tres detenidos..."). La cadena de avisos al Gobierno de la Ciudad y de desdichadas coincidencias que rodean el desastre de Cromañón se inició el 5 de mayo de 2004, cuando Alimena envió un pedido al Gobierno para que intimara o clausurara los boliches bailables no habilitados. Cuatro días antes había habido un incendio en Cromañón mientras tocaba la banda "Jóvenes Pordioseros". Ni la defensoría, ni el Gobierno, ni Bomberos, ni la Policía lo sabían: no hubo denuncia del incidente. El informe de mayo de la Defensoría incluía en sus párrafos finales una aterradora profecía. Decía: "Sólo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos." |