Ricardo Diez
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| | Enviado jueves, 07 de abril, 2005 - 07:10 pm: | |
CLARIN jueves 7 de abril de 2005
ES UN PEDIDO DEL FISCAL AL JUEZ DE LA CAUSA
Cromañón: acusan por homicidio culposo a seis ex funcionarios
Les imputan haber sabido que el boliche era peligroso y no hacer nada por evitar la tragedia pese a tener la capacidad y el poder suficientes. Entre ellos figura la ex titular de Control Comunal del Gobierno porteño.
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Alberto Amato.
aamato@clarin.com
El fiscal del caso Cromañón, Juan Manuel Sansone, pidió ayer al juez de la causa, Julio Lucini, que seis ex funcionarios porteños sean indagados en carácter de autores de homicidio culposo por las muertes de 193 personas, en su mayoría jóvenes, el pasado 30 de diciembre en el boliche bailable de Once.
En un escrito de cuarenta y una carillas, Sansone acusa a los funcionarios de haberse desempeñado en forma negligente, de haber conocido los peligros que se cernían sobre Cromañón y de no haber hecho nada por evitar el desastre pese a tener "la capacidad y el poder de decisión" para hacerlo.
Agrega que fue por esa negligencia que Cromañón "permaneció abierto, sin ser clausurado" cuando por sus deficiencias como por los requisitos legales "debió haber sido clausurado no bien expiró la vigencia del certificado" que otorga la Superintendencia de Bomberos. Según el fiscal, Cromañón funcionó "en inaceptables condiciones aun para el más novel inspector", con el certificado de bomberos vencido y en condiciones evidentes de inseguridad "tal como lo atestigua la existencia de elementos altamente combustibles y la puerta de emergencia virtualmente clausurada, sin que ningún inspector se aviniera hasta el sitio y, cumpliendo con la normativa vigente, dispusiera su clausura."
Los funcionarios acusados por el fiscal son Fabiana Fiszbin, titular del organismo de Control Comunal del gobierno de Aníbal Ibarra en el momento de la tragedia; Gustavo Torres, ex titular del mismo organismo de gobierno, Ana María Fernández, directora adjunta, Rodrigo Cozzani, coordinador operativo del organismo, Daniel Díaz, subcoordinador operativo, y Víctor Daniel Telias, coordinador de inspectores nocturnos.
El fiscal asegura en su escrito que "la relación de determinación entre la conducta omitida" por esos funcionarios y la tragedia que costó 193 vidas "es incuestionable". Sansone desmenuza en su escrito la composición y el accionar de la estratégica Dirección de Fiscalización y Control desde junio de 2002 hasta diciembre de 2004, la decisión de Ibarra de terminar con lo que el mismo jefe de Gobierno llamó "focazo de corrupción", la creación de la llamada UPI (Unidad Polivalente de Inspectores) y las disputas internas que afectaron en muchos casos el funcionamiento del organismo.
En una poco común alusión política, para el habitual lenguaje judicial seco y estricto, Sansone asegura: "Esta silenciosa pero indisimulable lucha por el poder fue la expresión de rivalidades de índole política, cuyos verdaderos protagonistas, a través de sus delfines, se encontraron en la ajustada y siempre redituable arena de los organismos de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Pero son las revelaciones que hace el fiscal las que fundamentan su pedido de procesamiento de los ex funcionarios porteños: "Así como Chabán tuvo numerosos indicios para vislumbrar que, de mantenerse constantes ciertas condiciones dentro de su local, era cuestión de tiempo que se desatara un incendio, los funcionarios para quienes aquí se pide procesamiento (...) tuvieron, no uno, sino cuatro informes (...) que advertían el peligro inminente y la imperiosa necesidad de actuar con rapidez".
Entre las que el fiscal califica como "alarmas que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad desoyeron" figuran tres notas de la Superintendencia Federal de Bomberos. La primera, del 21 de abril de 2003, fue enviada al Departamento de Actividades Nocturnas del Gobierno y adjuntaba un listado de locales bailables que no cumplían con las normas de prevención de incendios. La segunda fue enviada el 31 de octubre de 2003 a la misma dependencia y la tercera, del 12 de abril de 2004, ocho meses antes de la tragedia, fue recibida en la mesa de entradas de la Dirección de Habilitaciones y Permisos. "Ninguna de las notas tuvo respuesta", dice el escrito.
Sansone sugiere también, como hipótesis al menos en esta etapa de la causa, la comisión de actos de corrupción por parte de algunos de los funcionarios acusados, algunos de ellos revelados ante la Justicia por ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad, según anticipó este diario el pasado 20 de marzo.
Finalmente analiza la situación de cada uno de los acusados y revela, entre otros detalles, que además de "intocables" en la estructura de ese organismo de control del Gobierno porteño, se digitaba entre los funcionarios el listado de locales a inspeccionar.
Sansone pide que todos sean procesados según el artículo 84 del Código Penal, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel a quien provoque la muerte por negligencia, imprudencia o impericia. |