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Ricardo Diez
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Enviado sábado, 23 de abril, 2005 - 11:07 am:   

NOTICIAS URBANAS, sabado 23 de abril de 2005

Comisión de Cromañón: Acusaciones al Gobierno

En la reunión realizada en la tarde de este viernes 22, la Comisión Investigadora del caso Cromañón escuchó el testimonio del abogado Fernando Soto, uno de los querellantes de la causa, quien lanzó duras críticas al Gobierno de la Ciudad por lo sucedido, y señaló que el boliche debió estar clausurado de entrada porque los planos eran "falsos"

Por Antonio Lizzano

La Comisión legislativa para investigar la tragedia de Cromañón volvió a reunirse, este viernes 22, y escuchó el testimonio del abogado Fernando Soto, quien es querellante en la causa judicial y había pedido declarar ante los diputados porteños. El letrado manifestó que "el boliche debió estar clausurado de entrada" y responsabilizó a funcionarios porteños de mal desempeño en sus funciones.

La reunión se llevó a cabo entre las 14 y las 16, en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, y estuvieron presentes en la misma, la presidenta de la Comisión, Fernanda Ferrero; el vicepresidente, Milcíades Peña; el secretario, Martín Borrelli y los legisladores Tomás Devoto, Gabriela Michetti, Álvaro González y María Eugenia Estenssoro.

En el encuentro, Soto acercó documentación sobre la causa, que incluyó los testimonios aportados por los careos y destacó que es importante "encontrar las responsabilidades políticas que encuadren en la figura de mal desempeño de funcionario público", en el que pudieran haber incurrido los funcionarios y que hubiera tenido como consecuencia los hechos del 30 de diciembre del 2004.

Para Soto, habilitar Cromañón fue un error, debido a que los planos presentados por sus dueños eran "falsos" y porque la salida de emergencia aparecía en los planos como salida alternativa, que encima daba a un garage de un hotel lindero y no a la calle. En ese sentido apoyó la iniciativa de la legisladora Estenssoro de llamar a declarar al arquitecto que habilitó los planos del local.

El abogado también puso en tela de juicio la relación existente entre el Gobierno de la Ciudad y los representantes de las Cámaras de Discotecas y Boliches Bailables. Para Soto está relación evitó una mayor transparencia.

A pesar de reconocer que la legislación sobre la habilitación de los boliches era obsoleta, el letrado aclaró que el Gobierno de la Ciudad no ejerció el control de policía que le correspondía.

En sus testimonio, el querellante dejó en claro que los mayores responsables políticos de la tragedia, a su entender, eran el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra; el ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López y la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin.

Para el próximo martes 26, los legisladores esperan la presencia del Defensor del Pueblo Adjunto, Atilio Alimena, en tanto que el jueves 28, hará lo propio el presidente de la Auditoria General de la Ciudad, Matías Barroetaveña.

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