Ricardo Diez
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| | Enviado martes, 10 de mayo, 2005 - 06:45 am: | |
CLARIN, martes 10 de mayo de 2005
Para el juez, Cromañón era "zona liberada" la noche de la tragedia
También afirma que Chabán tuvo "atención particular y colaboración" de los funcionarios.
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Alberto Amato.
aamato@clarin.com
En su resolución en la que dictó el procesamiento de seis ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de tres altos jefes policiales, el juez Julio Lucini hace otra revelación respecto de la tragedia de Cromañón: dice que el local regenteado por Omar Chabán era "una verdadera zona liberada" por el personal policial de la comisaría 7a. Lucini afirma también que "Chabán obtuvo por parte de los funcionarios, colaboración y atención particular."
De esta forma, el juez quita el velo a una sospecha que cubría buena parte de la causa: la probable protección oficial al empresario. El juez responsabiliza de esa protección, y de la conversión del local en "zona liberada", a los jefes policiales, a quienes acusa de haber recibido dinero de Chabán. Y usa una expresión, "zona liberada", que remite a la impunidad que gozaban los grupos paramilitares durante la última dictadura.
La resolución judicial dice lo que dice, más lo que se puede leer entrelíneas. Además de revelar la protección policial con la que contó Chabán, sugiere que esa protección también corrió por cuenta del Gobierno porteño. Como ya adelantó este diario, Lucini dice en su fallo que los funcionarios porteños inspeccionaron en Once "varios locales de la zona (...) pero no así el que nos ocupa (lo que deberá profundizarse)". Queda revelado en la causa que la última inspección a Cromañón se hizo en marzo de 2003. El Gobierno porteño entonces nunca inspeccionó Cromañón mientras estuvo regenteado por Chabán, pese a conocer, como afirma el juez, que funcionaba en forma irregular, en una zona conflictiva y que la actividad bailable era considerada como "riesgosa" por el propio Gobierno de la Ciudad.
Esa sugestiva coincidencia entre el accionar policial que benefició a Chabán a cambio de dinero y la ausencia de inspecciones por parte de los funcionarios porteños desatará una serie de pedidos que harán al juez familiares de los 193 muertos en el desastre y los sobrevivientes. Ayer uno de los abogados querellantes, Fernando Soto, adelantó a Clarín que pedirá a Lucini que acuse de homicidio doloso a los ex funcionarios y a los policías y que revoque su decisión de dejarlos libres hasta que empiece el juicio oral.
Los procesados —además de Chabán, su mano derecha, Raúl Villarreal; Diego Argañaraz y Lorenzo Bussi, manager y encargado de seguridad del grupo Callejeros— son los ex funcionarios del Gobierno porteño Fabiana Fiszbin (ex titular de Control Comunal) y sus subordinados Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar y Víctor Telias, todos por homicidio culposo. Por cohecho están procesados los comisarios Miguel Angel Belay y Gabriel Sevald (ex y actual titular de la 7a) y el subcomisario Carlos Díaz, también de esa seccional.
En su extensa resolución, Lucini empieza por hablar de las condiciones irregulares en las que funcionaba Cromañón. Revela que fue habilitado como local bailable clase C, pero que funcionó siempre como un microestadio, Como local de baile, podía vender bebidas alcohólicas, pero no podía permitir el ingreso de menores. Pero como microestadio sí podía recibir a menores, aunque no podía vender alcohol. Chabán entonces, "tomó lo más conveniente de cada rubro para poder funcionar como lo hacía, sin respetar paralelamente aquellos deberes emergentes de las distintas actividades".
El juez también reafirma lo que legisladores de la Ciudad y abogados querellantes comprobaron el pasado miércoles 4: que Cromañón no era un local independiente (como debía serlo según su habilitación) sino un local anexo al hotel Central Park. "La puerta efectivamente de emergencia —dice Lucini en su resolución— era utilizada en la práctica como puerta de ingreso. Esto nos lleva a una primera conclusión: en la noche de la tragedia ninguna puerta pudo ser considerada como de emergencia. Una conducía a un lugar ajeno y encima estaba cerrada con candado, y la otra era usada como de ingreso."
Para Lucini, la responsabilidad por esas tremendas fallas también es de los funcionarios a quienes procesó. Dice que ni Fiszbin ni sus subordinados podían desconocer esa realidad porque habían sido alertados por organismos públicos, por la prensa y hasta por revistas en las que anunciaba el Gobierno del que formaban parte.
También sostiene el juez que los sitios a inspeccionar eran decididos en forma azarosa o caprichosa por los ex funcionarios imputados, con lo que vuelve a sugerir una eventual protección a Chabán por parte de los organismos y de las autoridades que debían controlarlo. |