Ricardo Diez
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LA NACION, martes 17 de mayo de 2005
Justicia poco creíble
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
Un extraterrestre podría pronosticar fácilmente que la justicia argentina está a punto de implosionar. Omar Chabán en libertad. María Julia Alsogaray, también en libertad. Un terrorista de ETA podría quedarse tranquilamente en la Argentina, según una resolución casi autista de la Corte Suprema.
¿Qué sucede para que todo resulte al revés del sentido común? Nada. El problema es que no pasa nada. La Justicia tiene sus códigos y sus tiempos, y todos los ciudadanos tienen derechos constitucionales. Sucede que la Justicia es poco creíble en la Argentina. Las generalizaciones son injustas, pero debe reconocerse que no hay muchas razones para que sea creíble. Menos, para que sea creíble la política, madrina incorrecta de la Justicia.
Puede ser que Chabán cuente con garantías jurídicas para pagar una fianza y volver a su casa. Pero la ley está escrita en abstracto y cada caso tiene su propia realidad. Basta un dato: las puertas de seguridad de Cromagnon estaban cerradas cuando sucedió el incendio y Chabán era el responsable (dueño o administrador) de la discoteca.
¿Qué pasa en la política? Aníbal Ibarra no consiguió ni la mitad de firmas que se propuso lograr para sobrevivir como jefe del gobierno, tras la tragedia. Renunció a recolectarlas cuando entrevió que el proyecto era una causa perdida. Dijo que se lanzaba al referéndum porque de otra manera no podría seguir en el cargo dos años más. Sigue en el cargo y no dio más explicaciones. Chabán, con la posibilidad de acomodarse en su casa. Ibarra, reacomodado en su despacho. ¿Qué queda entonces? ¿Aquí no pasó nada? Queda, sí, el hueco insobornable que dejan los 193 muertos.
Aun cuando hubiera cometido hechos deshonestos, María Julia no fue la única funcionaria de los 90 que rompió las barreras de la moral pública. Fue la única, en cambio, que pasó dos años presa. Se convirtió en el caso emblemático de la sospechosa corrupción de la era de Menem. Los emblemas también son arbitrarios.
¿Cómo creerle, por otro lado, a una Justicia que hace sólo un mes le negó a María Julia la autorización para despedir a su padre en el cementerio, desconfiando de su presunta peligrosidad, y ahora la libera porque no encuentra razones para tenerla presa? Podrá decirse que son jueces distintos. Pero las leyes, los expedientes, los antecedentes y las pruebas corresponden a un mismo sistema jurídico.
María Julia está en su casa. Peor: es más que probable que Menem ingrese en el Senado a fin de año. El emblema y el responsable político están tranquilos. ¿Cómo pedirle a la sociedad que olvide rápidamente que gran parte de los jueces actuales se nombraron, con trapicheos mediante, durante los años de Menem? Puede ser que no sean estos jueces los beneficiados en aquellos tiempos, pero ninguna sociedad hurga en la precisión para sacar sus conclusiones.
Nos acabamos de enterar por la Corte Suprema de que no todo acto de terrorismo es un crimen de lesa humanidad. El tribunal debería hacer ahora un aporte a la claridad y dar a conocer cuáles son los crímenes políticos aberrantes y cuáles no.
Kirchner tiene una obligación política con Rodríguez Zapatero: poner patitas en la frontera al etarra Jesús Lariz Iriondo. Para Zapatero no se trata sólo de una cuestión de principios, sino también de política interna muy actual. La increíble decisión de la justicia argentina lo sorprendió en un toreo violento con su oposición, tras proponer un diálogo con los nacionalistas vascos para buscar un modelo de pacificación en España. Zapatero es cuestionado en su país por sus indulgencias a Kirchner.
Sería extraño que el gobierno que más proclamó como propia una política de derechos humanos se olvide de algunos crímenes y de otras persecuciones. ¿Qué estará barruntando, por el ejemplo, el respetado filósofo Fernando Savater, de incuestionables convicciones democráticas, cuando él mismo debe moverse por las calles del mundo rodeado de policías y custodios, porque decidió enfrentar con su cuerpo y con sus letras a ETA?
No se le puede pedir a la sociedad que confíe en una justicia que procesó, desprocesó y ahora tal vez vuelva a procesar a los inculpados por los presuntos sobornos en el Senado. La sociedad está segura de que los sobornos existieron, mientras la Justicia se debate entre la corrupción y la dependencia.
¿Cómo pedirle a la sociedad una cuota de confianza en la Justicia cuando el mayor atentado registrado en la Argentina, el que pulverizó a la sede de la AMIA, quedó absolutamente impune después de diez años de investigaciones judiciales hechas con torpeza y mala intención? Hasta los criminales confesos de José Luis Cabezas, el atentado más grave contra la prensa desde la restauración democrática, volvieron a su casa, escabulléndose entre los recovecos de la ley.
¿Cuál es la sensación colectiva que resalta después de todo eso? La impresión que queda es la de que la Justicia voló de la Argentina, como se les vuelan a los argentinos tantas cosas. |