Ricardo Diez
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| | Enviado jueves, 21 de julio, 2005 - 06:44 am: | |
URGENTE 24 horas
Preocupa la alarmante inseguridad de la Ciudad (por imprevisión y corrupción)
La Ciudad de Buenos Aires sigue tan desprotegida como antes del atentado contra la Amia, hacia 11 años, y antes del incendio en 'Repúblicra Cromañón, según una investigación. Esto se sumó a una denuncia inicial en esta causa anexa fue realizada de Fabiana Fiszbin, quien está procesada por 193 homicidios culposos en el caso Cromañón, involucra a Atilio Alimena, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, por presuntos intereses particulares por su vinculación con las empresas dedicadas al asesoramiento en materia de seguridad contra incendios.
El diario La Nación afirma que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "por una cuestión de convivencia de jurisdicciones, la respuesta ante una catástrofe no obedece órdenes de un mando único, sino de un 'comando operativo' integrado por representantes del gobierno porteño -encargado del SAME y de Defensa Civil- y de la Nación, que maneja la policía y los bomberos".
La investigación periodística no terminó muy convencida por la eficiencia posible del 'comando' poque "cada funcionario planteó un esquema de trabajo diferente".
Según la investigación, "2 subsecretarios con desempeño en el área de Emergencias explicaron que, por ejemplo, en un incendio, la policía y los bomberos deben llegar primero, y juntos, porque responden a un mando único, el Ministerio del Interior. Los bomberos ingresan en el lugar para socorrer a las víctimas, mientras la policía realiza un vallado 200 metros a la redonda y evacua a la gente dentro de ese radio. Pero esta premisa no se puso en práctica cuando la tragedia de Cromagnon, por ejemplo".
Luego, comandada por los responsables de turno del área de Emergencias y por la jefatura de gobierno porteña entra en acción luego Defensa Civil como auxiliar de estas fuerzas en materia logística. En el siguiente cordón, conocido como zona amarilla, trabajan los médicos en puestos para clasificar y asistir pacientes y con ambulancias para su traslado.
Julio Crespo Campos, coordinador del Consejo de Emergencia, decidió responsabilizar a la Nación: "Los sistemas porteños están absolutamente preparados. Ahora, si la Nación no asegura las condiciones de protección y de rescate, nuestros sistemas no pueden funcionar adecuadamente", sentenció.
Precisamente en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, que tiene bajo su órbita el Sistema Federal de Emergencias (Sifem), dijeron en que la pluralidad de mandos puede derivar en caóticas tareas de rescate, y esto sucedió en la Amia y en Cromañón.
La diferencia es que entre la Amia y República Cromañón pasaron 10 años y medio, y parece que no se aprendió nada.
Esta novedad coincidió con una denuncia que publica el diario
Página/12, acerca de una red de corrupción en la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina.
Según el diario, varios jefes de Bomberos fueron pasados a disponibilidad preventiva y 5 directivos de empresas dedicadas al asesoramiento en temas vinculados con la seguridad contra incendios prestarán declaración, como imputados, en una causa conexa a la investigación por el incendio en Cromañón, que produjo 194 muertes.
Lo que investiga el juez Julio Lucini es la presunta connivencia entre los funcionarios públicos y esas empresas, algunas de las cuales eran propiedad de familiares de los mismos jefes de bomberos, para montar un circuito irregular de habilitaciones a boliches y locales de espectáculos públicos.
En esta causa es investigado, como presunto gestor de certificados de habilitaciones de bomberos, el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena, quien negó en forma terminante haber cumplido esa tarea para el boliche bailable The Place (ver nota aparte) en el año 1998, cuando no estaba en la función pública. Las empresas investigadas son Baipex y Bausis, una de las cuales sería propiedad de Viviana Vigne, esposa del oficial principal Marcelo Nodar, uno de los ex jefes de la Superintendencia de Bomberos.
Además de Nodar serán indagados, desde el 4 de agosto, el ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos, comisario Alberto Conrado Corbellini, y los oficiales Gustavo Bravo y Marcelo Esnok. Los otros citados son los empresarios Viviana Vigne, Rubén y María Alejandra Fuertes, Luis Perucca y Gabriela Lindqvist.
Sobre la situación de Alimena, de acuerdo a 'Página/12', tanto el defensor adjunto como una fuente allegada a la parte denunciante en la causa, dijeron que “todavía no hay una acusación formal en su contra”.
Allegados a la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, quien fue la que hizo la denuncia contra Alimena, admitieron que “todavía no hay nada concreto en contra de Alimena, que está siendo investigado porque en algunos papeles que certificarían un reparto de dinero aparecen las iniciales ‘A.A.’, que coinciden con las del defensor adjunto; por ahora eso sería todo”.
El lunes se dijo que los dueños del boliche bailable The Place habrían declarado, ante Lucini, que Alimena fue gestor, en el año 1998, cuando todavía no era defensor del Pueblo de la Ciudad, de un certificado de habilitación contra incendios extendido por la Superintendencia de Bomberos.
De ser cierto eso, el funcionario habría incurrido en una gestión incompatible con su actual función.
En el mismo expediente están mencionados los ex funcionarios Ana María Fernández, ex adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, y Rodrigo Cozzani, ex jefe del área de inspección.
Todo indica que el juez Lucini, con las indagatorias que comenzarán en agosto, más una serie de documentos que están siendo analizados, trata de reunir información tendiente a determinar si existen razones para citar con posterioridad, bajo algún cargo, a los nombrados.
Lucini ha realizado más de 20 allanamientos en oficinas y domicilios particulares de los propietarios de las empresas Baipex y Bausis. En esos operativos fueron secuestrados más de 200 diskettes que ahora están siendo analizados para determinar si existía un círculo irregular de habilitaciones del que participaban los ex jefes de la Superintendencia de Bomberos y los directivos de las empresas.
Para la defensa de Fiszbin, desacreditar a Alimena tiene vital importancia, dado que un informe del defensor del Pueblo, previo al incendio en Cromañón, había anticipado la posibilidad de que ocurriera un desastre de esas características.
En la causa anexa al expediente por el incendio en Cromañón, lo que se investiga es si personas relacionadas familiar o socialmente con los bomberos constituyeron empresas dedicadas al asesoramiento sobre la infraestructura necesaria para la habilitación de locales nocturnos.
De todas maneras, como en el boliche incendiado también se investigan supuestas irregularidades en los controles, la comprobación de un circuito irregular en las habilitaciones que pasaban por la Superintendencia de Bomberos serviría para corroborar la existencia de una metodología ilegal y esto reforzaría la acusación en la causa madre. |