Ricardo Diez
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| Enviado martes, 26 de julio, 2005 - 07:06 am: | |
NOTICIAS URBANAS Semino: "En geriatría ya hubo varios cromañones" El director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino, reclamó más poder para el área que controla a los geriátricos privados porteños. "Actúa muy bien pero que hoy no tiene poder de policía", dijo Semino. Los detalles de la ley 661, sancionada en el 2001, pero aún sin reglamentar Por Martín de Vedia y Mitre y Alejandra Lazo "En geriatría ya hubo varios cromañones", manifestó el director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, respecto del incendio del geriátrico privado Costa Rica, de Palermo, que causó la muerte de tres ancianos y heridas a otros 15. El funcionario se refiere además al incendio que el 26 de abril de 1985 dejó 78 víctimas fatales en el hogar Saint Emilien, en Saavedra; la inundación que el 26 de enero de 2001 mató a cinco ancianos, en Belgrano; y al incendio de la habitación de un geriátrico que el 25 de julio de 2004 calcinó a dos personas, en Balvanera. "Las muertes -indicó Semino- tienen que ver no sólo con lo que puede ser el control de seguridad del propio geriátrico, sino con algo que prevé la ley 661 que está sancionada desde hace bastante tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, y que aún no está reglamentada, que es la asistencia directa al anciano dentro del geriátrico. Es importante la cantidad y calidad del personal para poder prever y evitar que se produzcan siniestros, y en caso de que se produzcan, para evitar las consecuencias del mismo". La ley 661, por la cual la Legislatura porteña estableció -el 20 de septiembre de 2001- el marco regulatorio para el funcionamiento de los establecimientos residenciales para personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires, fue modificada por la ley 1003 en diciembre de 2002, por lo que fue publicada en el Boletín Oficial recién en enero de 2003. Esta modificación podría justificar en parte la demora en la reglamentación de la norma, si no fuera porque la ley 1003 sólo se refiere a dos artículos de la ley 661 y un par de cláusulas transitorias. Sin ir más lejos, hace un par de meses la diputada del Frente Grande Sandra Dosch reclamó al Poder Ejecutivo de la Ciudad que reglamente la ley nacida de un proyecto de su autoría. Según el subsecretario de Comunicación Social, Daniel Rosso, fue reglamentada la semana pasada con la firma de un decreto por parte del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, el director de Tercera Edad de la Ciudad, Daniel Maglioco, informó la semana pasada a NOTICIAS URBANAS que el "borrador" del decreto todavía faltaba ser firmado por algunos secretarios y que se iba a enviar una copia a la agencia que, por supuesto, nunca llegó. La norma es resistida por los dueños de geriátricos chicos, que -en una manifestación a la Legislatura hecha en 2002- se quejaron porque consideran que de aplicarse los hará desaparecer, merced del alto costo en personal y equipamiento que deberían incorporar. Cabe aclarar que los geriátricos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantienen los servicios del modo establecido debiendo, en caso de no reunir los requisitos fijados por la ley, incorporarlos en los plazos y condiciones que fije la autoridad de aplicación. Es decir, que el Gobierno tiene todo el tiempo del mundo para adecuar sus establecimientos cuando a los geriátricos privados incluso se los puede clausurar. La Legislatura porteña no sólo reclamó la reglamentación de esta norma mediante la sanción de un proyecto presentado por la diputada macrista María Soledad Acuña (Frente Compromiso para el Cambio) el jueves 12 de mayo pasado, sino también aprobó el 21 de abril de 2005 un pedido de informes de la diputada Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires) por el cual se solicitaba, entre otras cosas, la nómina de geriátricos habilitados, las inspecciones realizadas y las clausuras efectuadas. Como suele pasar, el pedido de informes aún no fue contestado. Por su parte, Semino declaró en el programa "Animados", que se emite por Radio Mitre, que "es importantísimo que de una vez por todas se reglamente la ley, se pueda controlar a aquellos que están habilitados y se le dé poder de policía a la oficina de contralor de geriátricos privados del Gobierno de la Ciudad, que actúa muy bien pero que hoy no tiene poder de policía". "Hay dos grandes dificultades -explicó Semino-. Están no sólo en aquellos (establecimientos) que fueron habilitados, que tienen alguna forma de control, sino que además hay una enorme cantidad de otros geriátricos que son absolutamente clandestinos, que no tienen ningún tipo de control. Tenemos que darnos toda una reflexión sobre el sector y la necesidad de hacer una reforma integral que permita, por otra parte, tener la suficiente cantidad de camas públicas para reemplazar estas camas de geriátricos clandestinos de una vez por todas". "No estoy hablando mal del sistema público -aclaró el funcionario- sino que hay una realidad social que lo ha desbordado completamente. Esto lleva a que las familias tengan que internar (a sus parientes) en geriátricos que cobran poco y estos son los no controlados, en muchos casos porque son hasta desconocidos desde el punto de vista oficial. Por eso hay que generar la suficiente cantidad de camas públicas para desterrar, desechar, desalojar definitivamente los geriátricos clandestinos". |