Ricardo Diez
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| | Enviado jueves, 20 de enero, 2005 - 07:30 am: | |
Indemnización de $ 300 mil por cada víctima fatal de Cromañón
Legisladores del macrismo habían presentado un proyecto similar el lunes. Quienes acepten la indemnización renunciarán a los juicios civiles contra la Ciudad. Pero podrán enjuiciar a los responsables.
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Gabriel Giubellino.
ggiubellino@clarin.com
El Gobierno de la Ciudad prepara un decreto de necesidad y urgencia con los montos de las "reparaciones" que ofrecerá a las víctimas de República Cromañón: 300.000 pesos por muerte, 180.000 pesos por lesiones gravísimas, 100.000 pesos por lesiones graves, y 50.000 pesos por lesiones leves. Se calcula que la erogación total del Tesoro será de unos 150 millones de pesos.
Fuentes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno porteño dijeron a Clarín que esperan tener listo el decreto la semana próxima. La norma deberá ser ratificada por la Legislatura dentro de los 10 días corridos desde el momento que sea dictado. El Gobierno prevé dar un plazo de un año para adherir a la propuesta.
Gabriela Michetti y Martín Borrelli, legisladores del macrismo, ya habían presentado un proyecto similar. "Lo largamos el lunes a la tarde, en Mesa de Entradas de la Legislatura. No nos parece procedente que sea el Poder Ejecutivo el que por decreto esté disponiendo de los fondos públicos", dijo Borrelli.
En el Gobierno señalan que cuatro áreas —la Procuración General del Gobierno, la Subsecretaría Legal y Técnica, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas— vienen trabajando en la elaboración de esta norma desde pocos días después de la tragedia. La presentación del macrismo aceleró los tiempos del anuncio oficial, admitían anoche por lo bajo funcionarios del Gobierno porteño.
Más allá de quién se atribuya el proyecto original, ambos tienen varias coincidencias. Una, los montos. "Es lo que marca la jurisprudencia, por encima de lo que fija la ley de ART", dijeron en la Ciudad. "Tuvimos en cuenta también los antecedentes de lo que se pagó en los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, en Atocha, España, y los de AMIA y a las víctimas de diciembre de 2001 en nuestro país", dijeron los macristas.
Otra coincidencia, un dato muy importante para los afectados: quien acepte la reparación —como la llama el Gobierno porteño—, o la indemnización —así la llaman los macristas— deberá renunciar a iniciar un juicio civil a la administración comunal.
"Esta renuncia no tiene nada que ver con la acción penal —dijo Borrelli—. Los damnificados también podrían iniciar una acción civil contra Omar Chabán, Lagarto S.A. y cualquier funcionario responsable. El artículo 56 de la Constitución de la Ciudad indica que los funcionarios públicos de la Ciudad responden por los daños que ocasionen".
Ayer el abogado Oscar Soto dio un indicio de los montos indemnizatorios que empezarán a manejar los familiares de los 191 muertos y los aproximadamente 800 heridos en la tragedia del boliche de Once. Soto representa a siete jóvenes, de entre 20 y 31 años, que sobrevivieron la noche del 30 de diciembre.
"Pedimos un total de 500.000 pesos, pero la cifra final puede ser mayor —dijo Soto a Clarín—. Algunos de mis defendidos tienen trastornos psiquiátricos severos, como cuadros de pánico. Otros, además de esto, sufren problemas pulmonares y tienen el sistema inmunológico muy afectado, como consecuencia del cianuro que inhalaron".
Uno de los temas delicados que el Gobierno de la Ciudad no tiene resuelto es quién determinará la gravedad de las lesiones de los sobrevivientes. "Está la posibilidad de que el damnificado considere que su lesión es gravísima, y la pericia pública la considere grave, lo que estimamos va a dar lugar a la discusión. Por eso estamos evaluando el modo en que el damnificado pueda aportar su propio consultor técnico", dijeron las fuentes de Hacienda.
El proyecto de ley presentado por Michetti y Borrelli establece otro elemento: que el Estado de la Ciudad mantiene el derecho a cobrarles a los responsables del siniestro, "sean éstos particulares o funcionarios (...) No es dable pensar que la Ciudad sea la única obligada al pago en sí".
Lejos de este drama, el único detenido, Omar Chabán, lee en la cárcel de Marcos Paz. Una cámara —un "lápiz", en la jerga carcelaria— lo espía noche y día. |