Ricardo Diez
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| | Enviado miércoles, 28 de setiembre, 2005 - 05:39 am: | |
CLARIN
Ya no acusan de homicidio a Chabán, pero sigue complicado
La Cámara en lo Criminal decidió por unanimidad cambiar la carátula del empresario a "estrago doloso". Ese delito tiene una pena menor. Pero la condena podría llegar a ser igualmente muy dura.
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Carlos Galván.
cgalvan@clarin.com
Omar Emir Chabán ayer dejó de estar acusado de homicidio. En un fallo unánime, la Sala V de la Cámara del Crimen dispuso cambiar la imputación contra el ex gerenciador de Cromañón a "estrago doloso". Aunque también se trata de un delito grave, en los hechos la pena es algo más leve: antes el empresario podía ser condenado a hasta 25 años de prisión y ahora se enfrentaría a un máximo de 20. La otra diferencia esencial es que en el juicio oral resultaría más sencillo condenarlo por estrago que por homicidio (ver Para la Justicia...).
Los camaristas, además, procesaron a Chabán por el delito de "cohecho activo" (pago de coimas) a los policías que tenían jurisdicción en la zona del boliche. Y este delito se castiga con hasta seis años de cárcel. Así, el principal imputado en la causa podría ser condenado a un total de 26 años de cárcel. La semana pasada habían trascendido distintas versiones sobre la modificación de carátulas, una de ellas —de la cual se hizo eco Clarín en su edición del sábado— planteaba la posibilidad de que a Chabán lo acusaran por estrago culposo, como lo había pedido su abogado, Pedro D'Attoli. Ese delito tiene una pena máxima de cinco años de prisión. Finalmente, los jueces se inclinaron ayer unánimemente por una figura más dura. De todos modos, se trata de calificaciones que sobre la marcha del juicio oral podrían volver a cambiar.
Los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori también decidieron rebajar la calificación del delito de Raúl Villarreal (estaba imputado por homicidio simple con dolo eventual). El ex "mano derecha" de Chabán ahora se encuentra acusado de ser partícipe secundario (cómplice) en el delito de estrago doloso y de ser partícipe necesario en el delito de cohecho. Entre ambos delitos podría ser condenado a un máximo de 16 años.
Por la tragedia de Cromañón del 30 de diciembre, hay actualmente 29 procesados: 22 de ellos apelaron la decisión del juez Julio Lucini. En su extenso fallo —tiene 249 carillas— los camaristas se ocuparon de la situación de Chabán, Villarreal y otros catorce imputados:
A los siete músicos de Callejeros y al manager de la banda, Diego Argañaraz, también les disminuyeron la calificación del delito. Estaban acusados de homicidio culposo y ahora por estrago culposo.
Sobreseyeron a Lorenzo Bussi, supuesto encargado de seguridad de la banda, porque no encontraron "ninguna circunstancia que permita considerarlo penalmente responsable de la tragedia".
Confirmaron el procesamiento por "cohecho pasivo" (haber cobrado coimas) de los comisarios Gabriel Sevald y Miguel Angel Belay y del subcomisario Carlos Rubén Díaz. Los agentes Oscar Sosa y Cristian Villegas siguen procesados por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
De lo único que no se ocuparon los tres camaristas fue de resolver las apelaciones de los seis ex funcionarios porteños. En la página 5 del fallo los jueces plantearon que "se ha decidido dejar para un momento posterior el tratamiento de las apelaciones efectuadas por los defensores de aquellos imputados que se desempeñaban en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de no retardar innecesariamente la definición de la situación procesal de los acusados que son resueltas por el presente".
El abogado querellante Fernando Soto dijo ayer a Clarín que le resultaba "sugestivo" que los camaristas no se hubieran expedido acerca de la situación de los ex funcionarios. "Es llamativo que hayan resuelto de forma unánime todo el resto de las apelaciones y que de estas directamente no se hayan ocupado", agregó Soto.
Temprano, los familiares de los muertos en la tragedia se habían concentrado frente a la Cámara del Crimen —Viamonte 1153— para enterarse de primera mano de la resolución. Cortaron el tránsito en la esquina de Viamonte y Libertad y pegaron algunas pancartas con las fotos de sus hijos.
A media mañana, el secretario de la Cámara, Fernando Collados Storni, les informó a los abogados querellantes que a las 13 en punto estaría listo el fallo. A esa hora cinco abogados subieron a la Sala V. El secretario les entregó a cada uno un disquete con la copia del fallo. Lo extraño fue que también les dio una síntesis —apenas dos carillas— de la resolución: "Nunca había visto que una Cámara te diera un resumen", comentó un abogado.
A todos les resultó obvio que esas dos hojas eran para que los abogados tuvieran "letra" para informarles rápidamente a los familiares que esperaban abajo. Quedó más claro aún de la preocupación de los camaristas por qué reacción tendría la gente, cuando el secretario les imploró que les remarcasen a sus clientes "que ahora Chabán se enfrenta a un máximo de 26 años de cárcel".
En junio pasado, cuando esta misma sala ordenó la excarcelación del empresario, los familiares de los 194 muertos se concentraron indignados y fuera de sí frente a los Tribunales y terminaron reprimidos por la Policía.
Ayer, frente a la Cámara del Crimen hubo un cordón policial durante casi todo el día. Y en la esquina estuvo apostado un pelotón de la Guardia de Infantería. No hubo incidentes, pero los familiares estaban doloridos y con bronca: "Volvieron a dar un fallo equívoco. Esperábamos que de una vez por todas la Justicia llamase a las cosas por su nombre... Esto es homicidio por donde se lo mire", dijo Nilda Gómez. Su hijo, Mariano Benítez, de 20 años, murió en el incendio.
Con su resolución, los camaristas terminaron de marcarle la cancha al juez Julio Marcelo Lucini, quien se encuentra al frente de la investigación desde febrero. Es que le ordenaron que en un plazo de 90 días "deberá procurarse la clausura" de la instrucción del caso para ser elevado a juicio.
Poco después de que se conociera la resolución, Omar Chabán recibió un llamado en la casa que alquila en el Tigre sobre el arroyo Abra Vieja —su tercer residencia desde que fue excarcelado y en la que está confinado desde principios de julio—. Era su abogado Pedro D'Attoli. Aunque tomó la novedad con calma, el panorama del empresario parece oscuro. ¿La razón? La Cámara de Casación Penal debe resolver ahora si revoca, tal como solicitaron el fiscal y los querellantes, su excarcelación. Y en ese sentido, el fallo de ayer lo perjudicó. |