Ricardo Diez
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| | Enviado miércoles, 14 de diciembre, 2005 - 07:10 am: | |
CLARIN
En el arranque del juicio, Ibarra pide 44 testigos y recusa a un legislador
La Sala Juzgadora tendrá diez días para decidir si acepta esos testimonios. El suspendido jefe de Gobierno acusará además a un zamorista por "prejuzgamiento".
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Mariana García.
magarcia@clarin.com
Familiares de las víctimas, sobrevivientes y funcionarios del Gobierno porteño. Todos ellos aparecen en la lista de 44 testigos que presentó ayer Aníbal Ibarra en el día en que, formalmente, comenzó el juicio político en su contra.
De ahora en más, el presidente de la Sala Juzgadora, Julio Maier, tendrá diez días para decidir sí acepta o no las pruebas y los testigos que presentó Ibarra, pero también los tres legisladores que actuarán de fiscales. Fueron ellos quienes quieren sentar también en la Legislatura al dueño de República Cromañón, Omar Chabán .
Luego de presentar sus pruebas ante Maier, Ibarra convocó a una conferencia de prensa en la sede de su Fundación de Políticas Públicas, en Barrio Norte. Allí, dejó en claro que para él, el juicio presenta varias "graves irregularidades". Rodeado por todo su gabinete, el suspendido jefe de Gobierno se sentó junto al hombre que será su defensor, el ex fiscal Julio César Strassera.
"Acá se está utilizando una tragedia para cambiar un jefe de Gobierno. En una democracia estas cosas no ocurren. La verdad es que reemplazar el voto popular por una mayoría legislativa no es lo más recomendable", sostuvo Ibarra. Y confirmó que hoy recusará a Gerardo Romagnoli, uno de los nuevos integrantes de la Sala Juzgadora, a quien acusa de "prejuzgamiento".
El zamorista Romagnoli había comparado a Ibarra con el comisario Alfredo Fanchiotti, acusado del homicidio de los piqueteros Kosteki y Santillán. "Aquí y en la China esto es prejuzgamiento", se enojó el jefe de Gobierno.
Ibarra presentó una lista con cuarenta y cuatro testigos. Allí aparecen integrantes del Gobierno de la Ciudad, como Alejadra Taddei, Procuradora General, o la subsecretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre, pero también varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, incluida su directora, Alicia Pierini. Ese organismo fue el que elaboró el informe en el que se alertaba sobre la situación de los boliches porteños y es el que más complica su situación.
La defensa pidió también que declaren los padres de dos chicos muertos en el incendio en República Cromañón y una de las jóvenes que trabajaban en el local. La lista incluye a cuatro ex convencionales estatuyentes que en 1996 redactaron la Constitución de la Ciudad. Ibarra quiere que ellos expliquen cuáles fueron entonces las discusiones en torno al poder de policía para la Capital Federal.
Además quiere que se incorpore la declaración que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, hizo a fines de septiembre ante la Comisión Investigadora. Y solicitó que se convoque al ex secretario de Seguridad, Juan Carlos López. Pero como ocurre con Omar Chabán —pedido por los fiscales—, López no está obligado a declarar ya que al estar imputado en la causa judicial podría involucrarse a sí mismo.
En la primera parte del escrito que presentó ayer, Ibarra invoca el artículo 18 de la Constitución Nacional y asegura: "Veo severamente menoscabado mi derecho de defensa en juicio".
Concretamente, Ibarra sostiene que ninguno de los dos dictámenes que ordenaron su suspensión reunió los treinta votos necesarios para abrir el proceso. Pero además, afirma que durante la investigación previa, la Comisión de Juicio Político le prohibió presentar a sus propios testigos. "Este es un hecho muy grave que no tiene antecedentes en ningún juicio político, ellos eligieron los testigos de quien era acusado".
Ibarra apuesta a que sus planteos logren convencer a los seis legisladores cuyo voto todavía es una incógnita. Hasta ahora, llevar el caso hasta la justicia es sólo una apuesta de máxima, aunque en el Gobierno porteño nadie la descarta del todo. |