Ricardo Diez
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| | Enviado viernes, 23 de diciembre, 2005 - 06:53 am: | |
LA NACION
Un solo ex funcionario porteño quedo procesado por homicidio culposo en la causa por el trágico incendio que hace casi un año, el 30 de diciembre de 2004, causó la muerte de 193 personas en el boliche República Cromagnon, en Once.
La Cámara de Apelaciones porteña revocó ayer el procesamiento que, por ese delito, pesaba sobre la ex subsecretaria de Control comunal Fabiana Fiszbin y dos de sus inmediatos colaboradores y lo cambió por el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
No sólo eso: los camaristas dijeron que el caso no podía ser analizado sin tener en cuenta el contexto de normas que se superponían y de estructuras que reemplazaban unas a las otras sin que, finalmente, alguien supiera quién y qué debía controlar. De ahí que, en cierto modo, del fallo se trasluzca una crítica a los legisladores por no haber provisto a la administración de normas claras y precisas para el ejercicio de su poder de policía.
En el entorno de Aníbal Ibarra –jefe de gobierno de la ciudad, suspendido por este caso–, los considerandos de la resolución judicial fueron interpretados como una señal positiva para su situación. En el fallo, de 137 fojas, los camaristas Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich entendieron que Fiszbin y los ex directores generales de Verificación y Control Gustavo Torres y Ana María Fernández estaban obligados a ejercer el poder de policía comunal para que los locales cumplieran la normativa para ser habilitados y funcionar, y no cumplieron.
Pero, al mismo tiempo, sostuvieron que eso no los hace responsables penalmente de las consecuencias de su ineficiencia, en este caso, las muertes por el incendio en Cromagnon, un local que -destacaron los camaristas- nunca debió haber sido habilitado y en el que tampoco podían realizarse recitales, sino bailes.
El fallo fue sumamente beneficioso para los funcionarios, ya que sólo Juan Carlos López, ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana, sigue procesado por homicidio culposo, pero sólo porque su procesamiento aún no fue tratado por la Cámara.
Así se entendió la decisión judicial en el Poder Ejecutivo porteño. Tanto que ayer el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, pidió públicamente a los legisladores de la ciudad que archivaran el juicio político al suspendido Aníbal Ibarra (sobre lo que se informa por separado).
Por su parte, Ibarra dijo: "No hay lugar para estar contento. Es para analizar y no para el triunfalismo de nadie, porque es una decisión que se toma sobre algo gravísimo que nos sigue doliendo a todos. Pone algunas cosas en su lugar, porque señala que esos funcionarios son responsables de un incumplimiento".
Si el fallo de la Cámara fue beneficioso para Fiszbin, Torres y Fernández (también les redujo el embargo millonario que les había sido impuesto a sólo 15.000 pesos), lo fue aún más para el resto de los procesados. La Sala V dictó la falta de mérito para Rodrigo Cozzani y Alfredo Ucar, y el sobreseimiento de Víctor Daniel Telias. Sobre los primeros, los jueces sostuvieron que no era posible endilgarles un incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues no tomaban las decisiones en cuanto a los controles.
Tras hacer una cronología de las normas y estructuras en el área de control (cambios que se hacían para tratar de acabar con la corrupción con la que se creía que funcionaba), los camaristas concluyeron que el sistema era "burocrático, con circuitos administrativos confusos y rebuscados, acompañados de una suerte de industria de la habilitación" en la que "personas ajenas a la administración" podían conseguir habilitaciones de sitios que no estaban en condiciones.
Así, los camaristas comprobaron que el local de Once había sido habilitado como bailable clase C, a pesar de que había un expediente paralelo en el que éste y el hotel contiguo tenían una clausura que no había sido levantada. Ese expediente estuvo "perdido" más de cinco años.
Además, concluyeron que en Cromagnon no se podían hacer recitales y que, para hacerlos, los explotadores debían solicitar permisos especiales y someterse a normas de control y seguridad mucho más estrictas que las de los boliches.
Sin embargo, dijeron los jueces, el Poder Ejecutivo toleraba que en locales bailables clase C se hicieran los recitales. Pusieron como ejemplo un sumario relacionado con irregularidades en Cemento (otro local que explotaba Omar Chabán), en el que fueron señaladas faltas a la higiene durante un recital, pero no se hizo referencia alguna a que se estuviera haciendo ese show en un lugar no habilitado.
Así, a Fiszbin, Torres y Fernández se les imputó el no haber cumplido con su deber de hacer aplicar las normas en materia de seguridad, en los boliches en general, y en Cromagnon, en particular. No obstante, concluyeron: "Pese a que la omisión de los funcionarios haya sido un factor que concurrió casualmente en la producción de los resultados de muerte y lesiones ocurridos el 30 de diciembre de 2004, ello no alcanza para imputar ese resultado".
Por Fernando Rodríguez
De la Redacción de LA NACION |